La Junta es una maquinaria enorme de hacer contratos (solo este año destinará unos 1.500 millones de euros), ya sea para adjudicar obras, la prestación de servicios o suministros. Fue en 2014 cuando por ley se obligó a dejar una reserva presupuestaria para que una parte de esos contratos se hagan con centros especiales de empleo o empresas de inserción que dan trabajo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Al principio esa reserva era de un 6 por ciento, luego se subió al 8 por ciento el 2018 y desde 2020 está ya en el 10 por ciento.

Pero lo que pone en la ley no se está cumpliendo en la práctica al cien por cien. Lo ha admitido hoy la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Macarena Sáiz. "No voy a negar que estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo", reconoce, "influyen muchos factores, hay muchas dificultades y no todas son imputables a la Administración". Explica que en algunos tiene que ver por las materias, por la subcontratación o por las dificultades para incluir criterios sociales en los procedimientos. Señala que en la Junta ya están en "un punto en que continuamente estamos buscando formas de incluir en el diseño de la licitación o de los procedimientos criterios de carácter social, medioambiental o de promoción de participación de la pequeña y mediana empresa". 

Con este objetivo en mente, la secretaria general ha hecho hoy un anuncio en el marco de las jornadas sobre compra pública responsable que ha organizado hoy en Toledo Feacem, la Federación de Centros Especiales de Empleo. Ha avanzado que este 2025 se va a cambiar la normativa para que la contratación de la Junta sea más social. "Vamos a sacar en el último trimestre del año un nuevo decreto de contratación que dedica un capítulo entero a la contratación reservada", explica. En ese título sobre la reserva presupuestaria para contratos responsables, se expenderá esta obligación más allá de las consejerías y organismos dependientes para llegar a todo el sector público regional y se harán modificaciones sobre las empresas participantes en las UTE que compitan por estos contratos, entre otros cambios.

La presidenta de Cermi en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, indicó en la inauguración de las jornadas que sería muy útil que esta reserva de contratos se ampliara también a la Universidad regional y a los ayuntamientos. Desde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, destacan lo bueno que sería que los consistorios contrataran con los centros especiales de empleo de sus zonas. "Si los ayuntamientos se animan a hacer reserva de contratación pública a centros especiales de empleo con actividad en la zona, hará que tenagmos más garantías", declaró, "a los padres con personas con discapacidad nos da cierto vértigo que nuestros hijos se vayan a trabajar a otros sitios". También animó a las administraciones a que se pongan en contacto con Cermi y con los centros espeicales de empleo para que descubran la cantidad de ámbitos en los que trabajan y con los que podrían contratar. "Parece que pensamos que se dedican a tres-cuatro cosas, a jardinería, papelería, pero hay muchas más", advirtió. 

El presidente de Feacem en Castilla-La Mancha, Pedro Jesús Sáez, reivindicó la función que hacen desde los centros especiales de empleo para dar trabajo a personas con discapacidad, que sufren unas tasas de desempleo que duplican las de la media. Recuerda lo que les costó que se empezara a hablar de reservas de contratos en la Administración pública con estos centros. "Era poco más que una herejía, era como saltarse los principios de la contratación pública", señala, "era poco más que prevaricación; estoy exagerando un poco, pero no tanto". Por eso se felicita de la evolución que ha tenido la Administración; "de la rigidez de las normas a entender que hay que colaborar y hacer esa reserva".

El presidente a nivel nacional de Feacem, Daniel Aníbal García, solicitó que no se abandonen los fines sociales por poner en primera plana los medioambientales. "Por supuesto que no hay planeta B, pero no podemos seguir construyendo dejando gente atrás porque a la gente que estamos dejando atrás es a la que nosotros nos dedicamos", subrayó. Además incidió en que los centros especiales de empleo están muy comprometidos con los objetivos medioambientales. 

En la inauguración también participó el presidente de Faedei, Rafael López García, que representa a las empresas de inserción. Aunque reconoce lo bueno que tiene que la Administración contrate con los centros especiales de empleo o con las empresas de inserción, avisa de que no es suficiente. Apela "también a la responsabilidad de todos los ciudadanos", pues esa compra que también hacen en su día a día se puede adquirir en una entidad "donde hay valor social añadido".