Los nuevos jueces para la región jurarán su cargo el día 6

Josechu Guillamón
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La 73 Promoción de la Escuela Judicial se muestra en contra de la reforma del acceso a la carrera judicial

Imagen de archivo de la última jura de jueces realizada en el salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia. - Foto: Víctor Fernández

El próximo 6 de febrero el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia acogerá el solemne  acto de juramento o promesa, de los nuevos jueces de la 73 Promoción de la Escuela Judicial que han obtenido su destino en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha.

 En concreto, serán ocho los nuevos jueces que juren su cargo, de los cuales sólo uno de ellos tendrá su destino en la provincia de Albacete, concretamente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Casas Ibáñez, que entrará con plaza, como titular del juzgado. Además, para la región hay otra plaza de titular, como Juez de Adscripción Territorial (JAT) en la provincia de Ciudad Real. Además, jurarán o prometerán en cargo, seis jueces más, con plazas en expectativa de destino, de los cuales dos desarrollarán su labor en la provincia de Ciudad Real y cuatro en la provincia de Toledo.

Polémica. Se trata de un acto de juramento que llega envuelto en polémica, puesto que los miembros de la 73 Promoción de la Escuela Judicial han suscrito un documento contra la reforma del acceso a la carrera judicial, que ya han firmado más de 1.500 jueces y magistrados de todo el país, entre los que se encuentra el mismísimo presidente del TSJC-LM, Vicente Rouco Rodríguez.

 El documento en cuestión fue elaborado por los miembros de la 72 Promoción de la Escuela Judicial, que han mostrado su desacuerdo con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentado la pasada semana por el Gobierno.

 Uno de los puntos más polémicos del proyecto se refiere a los jueces sustitutos, tal y como explicaba a La Tribuna de Albacete, la juez titular del Juzgado de Puertollano número 3, Laura Sotoca. «Sobre el papel lo que han puesto es que todos los jueces sustitutos se estabilicen, en el sentido de que accedan a la carrera judicial toda una serie de personas que no han pasado por una oposición, ni por unas prácticas. Están intentando meter en la carrera judicial a gente que tiene la función de sustituir, para que sean jueces fijos a todos los efectos, cuando realmente no han pasado por periodo de formación como nosotros, de hecho, muchos jueces sustitutos son los que no han pasado la oposición, a veces han pasado un examen o dos, pasan a la bolsa y les llaman para sustituir».

De hecho para ser juez de carrera se debe estudiar la oposición durante años, superando tres duros exámenes (un test y dos pruebas orales y públicas), completado todo ello con una fase teórico-práctica en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos y seguida de una fase de prácticas tuteladas y una última fase de sustitución y refuerzo de, como mínimo, cuatro meses antes de acceder al primer destino.

En relación con la jurisprudencia europea, que invoca el Gobierno para justificar esta convocatoria extraordinaria de estabilización, el comunicado afirma que «entendemos que la interpretación correcta de ésta hace referencia a situaciones de interinidad en plazas que durante años no se ofertan en concurso público, lo que no ocurre en este caso, puesto que se trata de vacantes temporales. Los sustitutos han podido concurrir a estas vacantes cada año en oposición libre o a través de las convocatorias del cuarto turno. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifiesta que no pueden adoptarse soluciones para reprimir el abuso de la temporalidad carentes de base legislativa o contrarias a las Constituciones de los Estados Miembros, y consideramos que esta medida vulnera claramente el artículo 103 de la Constitución».

Otra de las medidas más polémicas de la reforma del acceso a la carrera judicial es la del restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o de fiscal, tal y como explica el comunicado. «Consideramos que es una propuesta anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar. Supone una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social de la Carrera Judicial y Fiscal, imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio. Esta medida perjudica especialmente a los integrantes de las Carreras Judicial y Fiscal pertenecientes a zonas del territorio donde hay pocas plazas de magistrado o fiscal disponibles, forzándoles a abandonar su residencia. El traslado forzoso provoca importantes perturbaciones en la vida personal y profesional y no se aplica a ningún otro funcionario».

Por otra parte, Laura Sotoca también muestra su descontento con la remuneración de las guardias.

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