Al PP no le casa la política que tiene la Junta para intentar paliar las situaciones de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha. El diputado José Antonio Martín-Buro ha denunciado hoy que incluso la Junta se está dejando presupuesto sin ejecutar en esta materia. Cogiendo datos de la Intervención General, recalca que en 2022 y 2023 no se gastaron 20 millones de la partida que tenía para prestaciones económicas para las familias más vulnerables. Y no es que no hiciera falta, según comenta. Martín-Buro recuerda que según el indicador Arope, uno de cada tres castellanomanchegos está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

Tampoco le cuadra mucho al diputado del PP cuál es la estrategia de la Junta con estas prestaciones económicas. Remitiéndose a contestaciones recibidas a las preguntas que han formulado en sede parlamentaria sobre este tema, subraya que por un lado el Gobierno regional no apuesta por recuperar el ingreso mínimo de solidaridad porque argumenta que se está armonizando con el ingreso mínimo vital, que es una prestación estatal. Sin embargo, Martín-Buro subraya que el ingreso mínimo vital en Castilla-La Mancha no llega ni al 10 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad. En concreto es un 8,57 por ciento, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

Además añadió que hay otras regiones del sur de España, con las que Castilla-La Mancha suele competir los peores datos de pobreza, que la están consiguiendo reducir a mejor ritmo. Señala que en Castilla-La Mancha hay 730.000 personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión y que habajado solo en 25.000 personas desde 2015, lo que se traduce en una reducción de dos puntos. Lo compara con Andalucía, que ha bajado este indicador en siete puntos, sacando a medio millón de personas de este umbral, o con Murcia, que lo ha reducido en cinco puntos y 40.000 personas, teniendo en este caso menos población que Castilla-La Mancha.