Cuando la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, atisba un resquicio para judicializar todas las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, allí va su escrito, porque los recursos forman parte de su labor de oposición al Ejecutivo, bien por motivos ideológicos, por invasión de competencia o porque considera que son medidas que perjudican el desarrollo económico de Madrid. Por el momento ha fracasado en su rebeldía ante el TC y el Supremo. A su paseo militar en las elecciones, a su ingenio en insultar y a su mayoría absoluta le están comenzando a salir aristas que no se liman solo con la alabanza del tipo de vida en Madrid, la tierra de la libertad entendida a su manera, donde aún le persiguen los "protocolos de la vergüenza", que impedían el traslado de personas mayores con covid desde las residencias de mayores a los hospitales, y, sorprendentemente, un enfrentamiento con una asociación de víctimas del terrorismo etarra.
Para un importante dirigente del PP, antes de que tuviera que matizar sus palabras, el Tribunal Constitucional es "el cáncer del Estado de Derecho" y por eso a la presidenta madrileña no le debe extrañar que el tribunal dirigido por Cándido Conde-Pumpido, le tumbe los recursos que presenta contra las decisiones del Gobierno sean estas las medidas de ahorro económico adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania a las que respondió con el "Madrid no se apaga", o el impuesto de solidaridad con el que el Gobierno graba a las grandes fortunas, que consideró una imposición ideológica que invadía las competencias autonómicas. Ayuso reaccionó con nuevos beneficios fiscales, pero no ha podido con la norma estatal. Por el contrario, el TC ha aceptado parcialmente el recurso del Gobierno central sobre la ley de eutanasia autonómica que invadía competencias del Gobierno central.
También la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha rechazado el recurso sobre la pretendida ideologización del currículum de Bachillerato y se ha llevado la reprimenda porque podía haber hecho uso de sus competencias para reducir los efectos negativos que denuncia.
El Gobierno de la CAM ha llevado a los tribunales la orden del Consejo Regional de Transparencia que le obliga a hacer públicas las actas de los policías municipales de Madrid que acudieron a las residencias de mayores donde murieron más de siete mil personas. Tras una serie de explicaciones peregrinas para no hacer públicos los datos, han decidido trasladar el asunto a los juzgados. Ayuso se defiende duramente para no facilitar ninguna investigación sobre lo ocurrido con esas personas en aquellas trágicas fechas. Y tampoco hace un ejercicio de transparencia cuando niega las notas de su expediente académico. En ambos casos la pregunta es ¿tiene algo que ocultar?
Pero lo más insólito es que como denuncia la presidenta de la asociación Covite, Consuelo Ordóñez, una decena de familias de su organización no puedan acceder a las ayudas previstas en la ley autonómica por no estar empadronadas en Madrid cuando sufrieron los atentados, y nadie del gobierno regional los recibe para exponer su caso. La hermana de Gregorio Ordóñez asesinado por Francisco Javier García Gaztelu "Txapote", pidió sin éxito a Ayuso y al PP que dejarán de utilizar "¡Que te vote Txapote!", en las campañas electorales por tratarse de una humillación a las víctimas.