Recogemos la acepción que califica a la indecencia como acto vergonzoso, cuyos sinónimos son: guarrada, jugada, cochinada, canallada o cerdada. El antónimo, decencia, tiene un respaldo moral y ético, además del legal, anclado en los resortes fundamentales de una sociedad justa y avanzando entre los railes del bienestar y un respeto cerval a los derechos y libertades de sus ciudadanos.
No son pocos los que han calificado como putada lo sucedido en Barbate hace unos días, pero no se refieren a los criminales que aplastaron a los servidores públicos, sino a quienes propiciaron de cualquier modo la situación concreta que provocó semejante desgracia. Y en ese listado de responsables directos o indirectos, a juicio de propios y extraños, están identificados y señalados determinados cargos oficiales. Estamos, por tanto, ante una indecencia oficial. No cabe duda, porque hay de todo en la viña del Señor, que algunos de ellos estarán seriamente arrepentidos por sus decisiones puntuales, como por haber dejado deteriorarse la cobertura de eficiencia y eficacia en los procedimientos para prevenir, enfrentar o investigar la actividad criminal en el Campo de Gibraltar. En cualquier contienda, y la lucha contra el tráfico de drogas, lo es, se precisa determinación por parte de los elementos operativos, que son los que se juegan la vida en cada instante, pero necesitan recursos e instrumentos adecuados para garantizar el éxito, minimizando los riesgos.
reconducir la seguridad. Las autoridades políticas y policiales, que no son lo mismo, tienen la sagrada obligación de respaldar a sus miembros activos de personal, en número y preparación correctos, y medios con los que reconducir la seguridad de todos, incluso de los delincuentes que se persiguen. La canallada es, por tanto, reducir las variables que pueden inclinar la balanza hacia los defensores de la ley o, y es peor, diezmar la capacidad operativa de quienes deben actuar en los momentos de la verdad. No hay mayor indecencia que abandonar a su suerte a policías que deben ejecutar una operación. Cuando las bandas organizadas disponen de recursos más poderosos, la posibilidad de lograr detenerlos se minimiza. Los comisarios políticos, que suelen ser ajenos a la función policial, pero son los que detentan el poder para decidir sobre su seguridad, tienen la obligación de proporcionar medios y, en todo caso, apartarse lo justo para permitir que puedan actuar con libertad. No hay cosa más obscena que ver a un obtuso alardeando de potestad para entrometerse en actividades que no conoce. Y en la provincia de Cádiz se escuchan alaridos de dolor y frustración por la indolencia culpable de quienes deberían haber actuado con más diligencia. Pero no es una problemática puntual; desgraciadamente, se constata un repliegue generalizado de la capacidad de respuesta ante la presión de una criminalidad desbocada.
A la inoperancia legislativa se suma la clamorosa ralentización del procedimiento penal, que no hace otra cosa que favorecer directa o indirectamente la actividad de los delincuentes, protegidos por ausencia de calidad y cantidad en los recursos interpuestos. Ya no sólo se trata de la indolencia o incapacidad para afrontar correctamente tamaña desgracia, sino que la iniciativa oficial, en todos los frentes, se arruga sistemáticamente aportando descrédito y aumentando indecencia.
Los poderes del Estado, a juicio de no pocos ciudadanos, no deberían confabularse con el delito, que agradece todos los errores y dejadez incomprensibles. Cada día, porque la realidad es tozuda, se conocen ejemplos clamorosos de injusticia. Quienes controlan los resortes del poder ejecutivo no parecen prestar atención a la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos, que se sienten ignorados por deficiencias en personal y recursos de las instituciones encargadas de protegerlos. Y la presión de una galopante criminalidad se está haciendo asfixiante.
No faltan voces quejándose amargamente de una situación gravísimamente escandalosa, que debería hacer pensar a los que se considera responsables; sin embargo, están distraídos con estrategias para conservar o conquistar el poder, lo que no deja de ser una indecencia oficial.