La Junta alumbra una ley para una "revolución administrativa"

L.G.E.
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Extiende el silencio administrativo positivo, la declaración responsable y regula el trabajo de entidades colaboradoras o el uso de la inteligencia artificial

La Junta alumbra una ley para una "revolución administrativa"

El Consejo de Gobierno de esta semana ha alumbrado una nueva ley, la de Simplificación Administrativa. La ha presentado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que avanza que va a ser una "revolución administrativa". Ahora el Gobierno remitirá el texto al Consejo Consultivo, que tiene un mes para hacer el informe. Por eso Guijarro calcula que puede que para marzo la ley podría llegar a las Cortes. 

¿Qué novedades trae?

Silencio administrativo positivo. Esta ley extenderá el silencio administrativo positivo, es decir, que si para un trámite la Administración no manda una respuesta antes del plazo máximo que fija la normativa, la respuesta se entenderá que es positiva. Eso se hará en aquellos procedimientos en los que la Junta tenga margen porque no están regulados por leyes estatales o europeas. Guijarro también habla de la fórmula del doble silencio: "En una primera fase puede ser negativo, pero si hay un recurso y no se resuelve en plazo, el silencio se convierte en positivo". 

Revisión de trámites. Guijarro avanza que en un plazo de un año desde que se apruebe la ley habrá que revisar 200 trámites administrativos. 

Reduccción de plazos. Se prevé que quede en tres meses en términos generales. El plazo de emisión de informes internos se reduce a 10 días

Declaración responsable. La ley sustituirá el sistema de autorizaciones previas para ejercer una actividad o abrir una instalación por las declaraciones responsables por parte del interesado. "Giramos hacia un modelo de administración que confía más en el ciudadano, que el ciudadano va a cumplir con la normativa", explica Guijarro.

Entidades colaboradoras. La normativa regulará cuándo y para qué puede recurrir la Administración a estas entidades colaboradoras. Son empresas acreditadas para realizar informes o comprobaciones necesarias para la realización de trámites. Guijarro asegura que hay un régimen de incompatibilidades muy estricto y que se busca agilizar los procedimientos. Los ayuntamientos también podrán recurrir a estas entidades y Guijarro aclara que solo la Administración podrá tirar de ellas si el ciudadano lo acepta voluntariamente a la hora de iniciar el proceso.

Inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial ya ha llegado a la Administración y esta ley lo regula. Si un empleado pública utiliza un informe elaborado con inteligencia artificial tendrá un respaldo jurídico, pero también se dará seguridad al ciudadano. Cuando un procedimiento recurra a la inteligencia artificial, tendrá que ser informado. 

Espacio ciudadano. Será una plataforma de servicios digitales para los ciudadanos. También habrá un canal específico para empresas. 

Administración proactiva. A través de plataformas como el Espacio ciudadano y siempre que se autorice al empleo de sus datos, la Administración podrá ponerse en contacto con un ciudadano o una empresa si a través de esos datos autorizados detecta que tiene derecho a una prestación o ayuda. El trámite también se simplificará a la simple aceptación de dicha comunicación.