Los conceptos de competitividad y rentabilidad en el tejido productivo han cambiado de una forma radical en la última década. Lo importante ya no es solo generar riqueza, empleo y una buena imagen, sino también hacer un planeta más habitable. En este sentido, el 54% de las empresas medianas españolas (SME) ha planeado aumentar su inversión en sostenibilidad durante este año con el objetivo de superar la media europea del 50%, según el informe El camino hacia un futuro sostenible: Por qué el mundo necesita un middle market sostenible elaborado por Grant Thornton.

En concreto, la encuesta -llevada a cabo a 4.000 altos directivos, 400 de ellos en España entre abril y junio 2024- reveló que un 48% de las organizaciones están enfocadas al ámbito de las energías renovables, superando el promedio de la Unión Europea, que se sitúa en un 43% y del conjunto de países participantes del informe (42%).

Otra de las áreas que recibirá una mayor inversión será la gestión de residuos, elegida por el 35% de los directivos encuestados como el segundo concepto más importante, seguido de la digitalización para mejorar la eficiencia (34%), así como el desarrollo de productos que cuiden el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono, ambas con un 30% de preferencias.

Según el socio de auditoría y assurance no financiero de Grant Thornton, Sergi Puig-Serra, «la adopción de criterios sostenibles no solo es necesaria para cumplir con la normativa, sino que también aporta beneficios tangibles muy interesantes en términos de imagen y rentabilidad empresarial».

Por otro lado, el análisis constató que el 40% de las compañías españolas ha implementado una estrategia de sostenibilidad o planea hacerlo en los próximos 12 meses, mientras que un 38% sostuvo que estaba trabajando en el cumplimiento de metas específicas relacionadas con esta materia. En este sentido, el 33% desarrolla evaluaciones basadas en criterios ESG (Environmental, Social, and Governance). De la misma manera, la elaboración de informes y memorias es una práctica adoptada ya por el 32% de las corporaciones.

A pesar de estos avances, España aún se sitúa por debajo de los estándares globales, debido a que, según el estudio, el 51% de las corporaciones a nivel mundial ya cuenta con estrategias sostenibles plenamente implementadas y el 47% ha establecido mecanismos para evaluar su cumplimiento. 

En cualquier caso, las firmas medianas avanzan a un ritmo más lento en este campo en comparación con las grandes organizaciones, debido a características propias de su tamaño y recursos.

Como se detalla en la encuesta, el 28% de las pequeñas y medianas sociedades cuenta con inversiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), frente al 67% de las grandes, donde casi la totalidad (99%) trabaja ya en estos ámbitos. Además, el cumplimiento de normativas en esta materia, como los criterios ESG, representa un «obstáculo significativo».

En este escenario, dos de cada tres líderes del middle market (65%) estiman que estas regulaciones en materia de sostenibilidad dificultan el desarrollo de sus negocios e, incluso, llegan a frenar su expansión internacional debido a la complejidad de las exigencias regulatorias actuales de la Unión Europea.

Para el director de Consultoría e Innovación de Grant Thornton, Jaime Romano, aunque las sociedades medianas reconocen los beneficios que aportan cumplir con estas legislaciones, «las circunstancias actuales, como la falta de recursos y el ritmo acelerado de actualización legislativa, complican su implementación en el corto plazo».

Desafíos

Mientras, entre las principales preocupaciones, el 44% de los empresarios encuestados identifica la escasez de recursos en términos de personal y tiempo como el principal desafío, seguido por la rapidez con la que cambian las normativas (43%). De este modo, esta situación crea un círculo vicioso en el que las compañías necesitan criterios de sostenibilidad para atraer inversión, pero requieren de capital para cumplir con dichos criterios, según detalla el informe.

Así, las organizaciones deben adaptarse a marcos legales como la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento Taxonomía de la UE, las cuales exigen una mayor transparencia y reportes más detallados sobre actividades sostenibles. Otro marco es el Reglamento Taxonomía de la UE (2020/852), que obliga a las empresas a informar sobre actividades medioambientales elegibles y alineadas con los objetivos sostenibles europeos.

En esta senda, los estándares internacionales IFRS S1 y S2 han proporcionado directrices para gestionar riesgos y oportunidades climáticas, particularmente en situaciones donde no se aplican otras directivas específicas. No obstante, la normativa de Diligencia Debida en Sostenibilidad, vigente desde abril de 2024, ha impuesto la obligatoriedad de asumir responsabilidades legales para garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, por lo que contempla sanciones económicas que pueden alcanzar hasta el 5% del volumen de negocio de una empresa en caso de incumplimiento.