Las controvertidas tasas judiciales que el Gobierno impulsó a finales de 2012, y que en febrero pasado quedaron restringidas a empresas y personas jurídicas en general, supusieron que el año pasado los albacetenses desembolsaran 1,372 millones de euros para acceder a determinados trámites en la administración de justicia, una cantidad menor que la que se computó en 2013, los dos únicos años completos con vigencia de la norma. En total, desde diciembre de 2012 y hasta marzo de 2015, desde la provincia se han pagado tasas judiciales por valor de 2.869.000 euros.
Los datos figuran como parte de una respuesta del Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se recogen las tasas pagadas por provincias y comunidades. En Castilla-La Mancha lo pagado el año pasado en virtud de la norma del Ejecutivo de Mariano Rajoy sumó más de 7,1 millones de euros, y en todo el país más de 297 millones sólo en 2014. Una recaudación que por ahora no se repetirá, en virtud del cambio normativo que redujo el pago de tasas a sociedades y empresas.
Los argumentos del Ministerio de Justicia para haber abolido estas tasas a las personas físicas aludían a la escasa popularidad de la ley, que provocó protestas del mundo judicial, entre ellas de los abogados.
<b>SATISFACCIÓN INCOMPLETA.</b> Julio García Bueno, decano del Colegio de Abogados de Albacete, indicaba ayer que el paso atrás del Gobierno es una satisfacción, pero no creen justo que las empresas, al menos las de menor tamaño, tengan que soporta este coste extra para acceder a la administración judicial: «Con la reforma se ha facilitado que la gente pueda defender sus derechos hasta el final, pero la satisfacción no es completa para la Abogacía, porque pretendíamos que se incluyeran también las pymes. Muchas son realmente trabajadores autónomos, que deberían tener el mismo tratamiento que las personas físicas». García Bueno dijo que siguen insistiendo «para que se supriman también», y subrayaba que «el fin es que se supriman para todos, personas físicas y jurídicas, pero si se hace distinción, que las pequeñas empresas tengan el mismo tratamiento». El decano indicó que hay empresas que no pueden hacer frente al coste de las tasas de un recurso: «Hay empresas con unas condiciones deplorables de financiación, no tienen capacidad ni liquidez para poder pagarlo».
<b>ARGUMENTOS EN CONTRA.</b> Sobre las cifras de la provincia de Albacete y la recaudación de estos 28 meses en los que los ciudadanos han pagado las tasas estipuladas en determinados litigios y acciones judiciales, el decano de los abogados insistía en los argumentos que hicieron que mostraran una rotunda oposición a la ley: «Los más de dos millones de euros recaudados no son una pequeña cantidad, pero hemos insistido en que la recaudación en sí no era importante, no tiene relación con el efecto disuasorio que las tasas han creado en la gente»: La recaudación de 2014 fue menor que la de 2013, y para Julio García Bueno es síntoma de que «no se recauda más porque la gente no quiere pagar, no porque la gente no quiera recurrir». Los abogados en los despachos han visto muchos ejemplos en este tiempo en el que han imperado las tasas de forma generalizada, por ejemplo cuando un recurso de apelación costaba más que el dinero que se podía conseguir si el recurso prosperaba, recordó el decano albacetense: «La gente te decía que no podía, no que no quisiera, máxime cuando no tienes le seguridad de que un recurso prospere».