Con motivo de la conmemoración, este 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha quieren alzar la voz en nombre de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, quienes "sufren una violencia, en demasiadas ocasiones, invisibilizada".
Según informa la organización en nota de prensa, las cifras "hablan por sí solas", ya que "las mujeres con discapacidad tienen entre dos y diez veces más posibilidades de ser víctimas de violencia sexual que las mujeres sin discapacidad". "A pesar de que existen leyes que buscan garantizar su protección, la realidad demuestra que el acceso a una justicia efectiva continúa siendo un desafío para muchas de ellas", explican.
Desde Plena Inclusión apuntan que las pruebas judiciales suelen ser especialmente complejas para las mujeres con discapacidad intelectual. Las herramientas legales no están adaptadas a sus necesidades, lo que genera "enormes barreras" a la hora de recordar detalles, expresarse con claridad, entender los riesgos, identificar emociones, manejar la atención o responder preguntas complejas.
Como ciudadanas de pleno derecho, exigen que "las administraciones públicas y los recursos especializados en violencia de género en Castilla-La Mancha se adapten y sean inclusivos con estas mujeres, proporcionando apoyo específico y teniendo en cuenta sus particularidades".
"Desde Plena inclusión Castilla-La Mancha trabajamos para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad intelectual. Es fundamental implementar medidas concretas que protejan, intervengan, eduquen y, sobre todo, apoyen a estas mujeres, asegurando que puedan acceder a recursos y servicios que les permitan vivir y ser atendidas de manera segura y digna. Juntas exigimos el fin de la violencia, mayor compromiso y una sociedad que no deje a ninguna mujer atrás", han expresado.
Plena inclusión Castilla-La Mancha aglutina a unas 60 entidades de la región y representa a 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, está compuesta por unos 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 240 centros.
Su objetivo es trabajar para la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, promoviendo su calidad de vida y defendiendo sus derechos.