El presidente de la Mesa del Tercer Sector viene del mundo académico de la historia. Y hasta lo emplea para lo que luego ha sido su ámbito profesional, el del asociacionismo y la labor social. «¿Quién te dice que dentro de diez años no nos van a tener que acoger a uno de nosotros?», avisa José Antonio Romero, «¿quién le iba a decir a un romano que se iba a hacer puñetas su imperio?». Se formó también en Economía Social y Trabajo Social y ha desarrollado su trabajo en el ámbito del asociacionismo y la discapacidad. En 2020 fue elegido presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y en 2024 salió refrendado para seguir cuatro años más. Representa a las asociaciones y entidades sociales de la región: son unas 3.000, dan empleo a 7.400 trabajadores y suponen más del 2 por ciento del PIB regional.

¿A qué nos referimos como tercer sector? ¿Y dónde lo podemos encontrar en nuestros pueblos y barrios?

Se llamó así para diferenciarlo del primer sector, que sería la administración pública y el segundo, que es el tejido empresarial. El tercer sector surge como el trabajo en común de la sociedad civil organizado. Somos entidades que seguimos fines de interés general sin ánimo de lucro. 

«Aquí hay gente cuya guerra es tener un plato de comida» - Foto: Javier PozoHay muchas asociaciones que están trabajando día a día con personas inmigrantes, personas en situación de pobreza, exclusión social, mayores, personas con discapacidad, apoyando a mujeres víctimas de violencia de género, trabajando con la infancia, los jóvenes... Las más conocidas pueden ser la ONCE, que en cualquier pueblo tiene personal vendiendo, Cáritas, Cruz Roja, todas las organizaciones del ámbito de discapacidad que forman parte de Cermi. 

Hay muchas personas participando en actividades de voluntariado. De una manera u otra, casi todos estamos en alguna entidad de asociaciones de vecinos, de madres y madres... el movimiento asociativo es rico en Castilla-La Mancha. 

¿No somos conscientes de hasta qué punto es importante el tercer sector?

Últimamente nos estamos reivindicando de nuevo porque ya sabéis que estamos recibiendo ataques y se difunde desinformación  intentando confundir, generar una opinión contraria a lo que hasta ahora no se ponía en duda: la solidaridad, la empatía, el desarrollo sostenible. 

El tercer sector siempre está ahí: estamos antes, durante y después. Ahora los titulares son que si la política de defensa, que si nos tenemos que hacer un kit de supervivencia. ¿Y qué pasa con la gente que todavía no se ha recuperado de los pueblos de Valencia? ¿Y qué pasa con las más de 600.000 persona en situación de pobreza o exclusión social en Castilla-La Mancha? ¿Y con las listas de espera sanitarias o las que hay para recibir un grado de discapacidad? No puede ser que ahora, porque se ha puesto de moda o hay que justificar determinados intereses económicos, que haya que estar metiendo miedo a la gente y decir que vamos a entrar en guerra mañana. En esta región hay gente que se levanta todas las mañanas y vive su guerra diaria para llegar al final del día y poner encima de la mesa una comida para su familia. Y eso lo tenemos al lado.

Precisamente con la DANA del pasado año hubo muchos ataques por redes contra algunas entidades sociales ¿Le preocupa?

Si hay un sector que es transparente, que rinde cuentas, que se ve a qué dedica dinero, es el tercer sector. Cualquier persona se puede meter en la web de Cruz Roja, Cáritas y ver sus cuentas, dónde va el dinero, saber lo que están haciendo, lo que se ha hecho y lo que se va a hacer.  

No nos vamos a quedar callados. Es un cambio radical que vamos a hacer este año. Lo comentamos en una reunión en Madrid. Ha llegado un momento en que tenemos que responder. Muchas veces hemos seguido el criterio de no hacer de altavoz a determinados mensajes de odio, de bulos, pero la ciudadanía tiene que saber que estamos aquí, que somos sociedad civil y que estamos haciendo cosas por los demás. No vale ya aguantar cualquier cosa. Si un tipo dice una cosa en internet, habrá que responderle y decirle que no tiene razón, con mucha educación, cosa que muchas veces ellos no tienen. Y mostrar las pruebas o invitarle a venirse 24 horas a trabajar con nosotros y luego si quiere, que hable y diga si nos manchamos las botas de barro o no. 

¿Qué interés hay detrás de estas campañas de odio? 

Al final es intentar generar el caos y deslegitimar todo lo que suene a institucional o a las entidades que reciben apoyo institucional para determinados proyectos. Se trata de generar tensión, odio, lanzar mensajes contra el pacto verde, contra la Agenda 2030. A mí me gustaría que todo el mundo dedicase diez minutos y se leyese la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo puede estar alguien en contra de eso? Si es acabar con la pobreza, con la desigualdad, establecer una educación universal y gratuita, cooperación, intentar frenar los efectos del cambio climático. 

Hace falta más pensamiento crítico por parte de la ciudadanía, oír más música y menos ruido, que nos informemos mejor. Tenemos que acudir a fuentes fiables y no dejarnos llevar por el primer vídeo que veo en Instagram, TikTok o en 'X'.

Esos mensajes de odio ¿se quedan en la burbuja de las redes sociales o tienen un impacto en estas organizaciones en apoyos o financiación?

Con la DANA se veía que esto venía muy organizado porque a la misma hora se metían los mismos mensajes en diferentes redes, que vienen de fuera de España y eso tiene que haber alguien detrás que lo pague. Sí que ha habido algún retroceso, de gente que se ha ido dando de baja de su apoyo periódico como socios, pero curiosamente esas organizaciones más conocidas batieron récord de recaudación y donaciones. 

Ahora tenemos una prueba que nos va a decir el nivel de madurez que tiene la sociedad en España. El 2 de abril comienza la campaña de la renta y tenemos una oportunidad única que no tienen otros países, que es marcar una casilla para que el 0,7 de nuestros impuestos vaya a fines sociales. El año pasado batimos récord, tanto en la del IRPF como en la del impuesto de sociedades. Pero queda aún un 49 por ciento de la sociedad que no marca ninguna casilla, ni la de la iglesia ni la de fines sociales. Y puedes marcar las dos.

Llega la campaña de la renta y los ciudadanos pueden marcar la casilla solidaria. ¿A qué tipo de proyectos va ese dinero en Castilla-La Mancha?

Son proyectos de todo tipo, de atención a personas con discapacidad,  a víctimas de violencia de género, se trabaja con personas migrantes en formación y capacitación, personas extuteladas que se están incorporando al mercado laboral,  en grupos de personas en situación de pobreza, exclusión social, sinhogarismo, personas con adicciones, lucha contra la pobreza infantil, prevención del suicidio, salud mental en etapas escolares, empleo juvenil, envejecimiento activo... Puedo hablar fácilmente de 25-30 ámbitos de actuación donde estamos trabajando. En la web de las entidades y de la Administración se pueden consultar, así como en la página de la 'x solidaria'. 

Un tercio de los castellanomanchegos está en riesgo de pobreza o de exclusión social ¿Qué falla?

Es algo que no es puntual si vemos la evolución año tras año. Hay cosas que están funcionando, se están dando pasos, se han diseñado estrategias de lucha contra la pobreza, pero estamos viendo que esto tiene que ver con diferentes factores. Muchas veces se asocia al ámbito de servicios sociales o de bienestar social, pero hay políticas que son básicas para poder salir de esta situación. 

El empleo es la primera y la más básica. En vivienda estamos viendo que la carencia material severa en muchos casos tiene que ver por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y ya no hablamos de adquisición, sino de un alquiler. Hace falta un sistema de protección para personas vulnerables, que estamos hablando de que incluso hay personas que teniendo un trabajo son pobres, pues ya vemos los precios de la lista de la compra. Hace falta una renta mínima y es verdad que el ingreso mínimo vital vino a suponer un cambio con lo que se tenía en Castilla-La Mancha, pero no es suficiente.

Hace muchos años con la Agenda 2030, tan denostada por algunas formaciones políticas, el lema era no dejar a nadie atrás y llevo muchos meses sin oírselo decir a ningún político. Me preocupa. De lo que se está hablando ahora es de si nos tenemos que rearmar o que si la culpa fue tuya o fue mía, si al agua viene por aquí o por allá. Mientras, lo que nos llega es que la gente lo está pasando mal. 

¿Por qué dice que el ingreso mínimo no es suficiente? ¿Es por la cuantía o porque no llega a todas las personas que lo necesitan? ¿Y cómo se conjuga con nuestros planes de empleo? 

Es verdad que hace falta más cuantía, pues en función de las características socioeconómicas de determinadas familias, para algunas no les llega. No tiene sentido que se aumente el salario mínimo, pero con el indicador básico de rentas, el iprem, estamos anclados a los 600 euros desde hace años. Por ejemplo para la dependencia, una persona estaría exenta del copago, pero en el momento en que cobre 601 euros, ya tiene que abonarlo.

En Castilla-La Mancha hubo un cambio en el sistema de rentas mínimas, se modificó y se está compensando en parte periódicamente con los planes de empleo, una medida con la que se está intentando favorecer el acceso al empleo de personas en situación de mayor vulnerabilidad. Se tendría que  ir consolidando con otro tipo de políticas, por ejemplo, con grandes proyectos que se van a implantar, que en algunos casos necesitan mano de obra muy especializada a nivel tecnológico, pero en otros casos podrían recurrir a entidades del tercer sector que trabajan en orientación o itinerarios de inserción con personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, inmigrantes, etc.

Las estadísticas de riesgo de pobreza y exclusión dan cifras muy elevadas ¿coinciden con su percepción de lo que pasa en la calle?

Mucha gente piensa en la pobreza como gente que está pidiendo en la puerta de la iglesia, pero los indicadores van mucho más allá. Marcan si una persona no puede hacer tres comidas diarias, si no puede pagar la factura de la luz, si tiene que buscar ayuda para pagar los alquileres. Hay gente a la que se le cumplía el contrato y, si lo tenían a un precio asequible, a lo mejor se los están quitando de en medio y están alquilando a un precio mucho mayor. Lo mismo con el acceso a determinados servicios en el ámbito de la dependencia, los servicios sociales o sanitarios. Hay familias que están esperando operaciones o tratamientos un año y medio y eso repercute en su calidad de vida, pues tienen una salud delicada. Al final es un compendio. 

Hay muchos servicios que presta el tercer sector que se venían financiando con subvenciones anuales, pero ahora se está cambiando el sistema por conciertos plurianuales ¿en qué áreas están ya en marcha y en cuales falta por aplicar?

Se ha desarrollado ya el concierto de mayores, que lleva tres años funcionando. Evidentemente cuando se ponen en marcha este tipo de cambios, necesitan sus ajustes. Hay que ir avanzando sobre todo en aquellas cuestiones que para las entidades son más delicadas, como el precio/plaza. Lo hemos visto con el concierto de mayores. Desde el principio las organizaciones dejaron claro que era insuficiente para los gastos que conllevan y las ratios que establece la normativa. Al año siguiente se hizo una mejora y me consta que el compromiso era incrementar para este año y el siguiente. 

El año pasado se puso en marcha el concierto del sistema de infancia, con todo el sistema de protección y de medidas judiciales. La atención y tutela a los menores es responsabilidad cien por cien pública. Hay algunas dificultades y hace poco CCOO informaba de una resolución a raíz de un recurso que presentó al  tribunal de contratos del Estado. Entendemos que la Administración tendrá que tomar cartas en el asunto y revisar y reorganizar ese concierto.

Para nosotros lo más urgente y lo que viene siendo un poco desesperante es que no se ponga en marcha el de discapacidad. Quizá es el más complicado porque tenemos diferentes tipologías de servicio y usuarios: atención temprana, servicios de discapacidad, centros de día, ocupacionales, servicios de capacitación, residencias, viviendas...  Tenemos que poner el concierto encima de la mesa para agilizar y evitar que todos los años nuestras organizaciones tengan que presentar un proyecto anual. Quizá va a ser uno de los temas más delicados para estos dos años que quedan de legislatura.

El sistema de menores está de actualidad por el asesinato de una educadora en Badajoz. Los profesionales se quejan de que no se cumplen las ratios, faltan recursos especializados para adicciones, problemas de conducta... ¿hace falta repensar el sistema o más financiación? 

Hace falta una reorganización del sistema. No es lo mismo trabajar con jóvenes con problemas de conducta, que con menores que tienen menos dificultades para integrarse. Una cosa que nos están diciendo en muchos centros es que cada vez llegan más menores con algún tipo de trastorno del desarrollo o discapacidad y las plantillas no tienen el personal preparado específico.  

Hace falta más protección para todos los profesionales, que están trabajando en situaciones complicadas y a lo mejor no es normal que un educador pueda estar toda una noche en una vivienda con seis personas. Es un buen momento para sentarse a hablar y revisar el sistema. Y retributivamente hay que compensar esa especialización que tienen los profesionales. Estamos viendo cómo en el ámbito social, en el momento en que una persona tiene la opción de irse a la función pública, se va. Nos gustaría tener más recursos para que nuestros convenios colectivos fuesen mejores.

No sé si estamos entonces muy preparados para recibir más menores migrantes no acompañados. ¿Qué le parece toda la negociación y debate político sobre este reparto?

Al final esto se ha convertido en un arma arrojadiza a nivel político. Me gustaría ver un titular que dijese que las comunidades tienen que ponerse de acuerdo para acoger a 4.800 menores franceses, finlandeses o suecos. ¿Tendríamos las mismas dificultades? ¿Entraríamos en el mismo debate? Hay un prejuicio y un mensaje como muy adrede por los orígenes y las formas en que estos menores llegan a España, que no vienen jugándose la vida por gusto. 

Somos dos millones de personas  en Castilla-La Mancha, ¿ y cuántos tendríamos que acoger? ¿80, 100, 200? Aquí lo que hay que dar es una respuesta humanitaria y poner los recursos encima de la mesa. Evidentemente entre todo lo que llega de otros países, habrá gente buena, mala y regular, como lo tenemos en cualquier portal de vecinos.