El pasado año se cumplieron 15 desde que las máquinas comenzasen a trabajar en la prolongación del Parque Lineal y desboblamiento del Paseo de la Cuba, que debía llegar hasta el Palacio de Congresos. La tramitación del proyecto se inició cinco años antes y casi todo salió adelante, dando un nuevo aspecto a esa zona de la ciudad, a excepción de uno de sus ejes básicos: el desdoblamiento del puente de acceso a Campollano que debía dar solución a los cotidianos atascos que se producen a la entrada de la ciudad cuando finalizan las jornadas laborales de quienes trabajan en distintos polígonos de la ciudad.
Hace ya más de un decenio, esas obras se paralizaron, poco después varias sentencias obligaban a retrotraer al inicio todo el procedimiento administrativo y los trabajos quedaban finalmente «aparcados sin plazo» en 2014, sin que se hayan podido retomar desde entonces. El motivo de fondo es la disputa sobre los terrenos del APR-13, la zona de expansión urbanística a la que debía llegar ese nuevo puente y en la que diversas infraestructuras ya dañadas, como acerado o farolas, recuerdan lo que pudo ser y de momento no es.
Mientras, la conexión a través del estrecho puente actual, sin apenas acera, se mantiene como una herida abierta en el planeamiento urbanístico albacetense, agravada por un embrollo administrativo y judicial al que el Ayuntamiento no ha podido dar solución desde entonces.
Las obras comenzaron con un equipo de Gobierno del PSOE, pasando después dos del PP y uno mixto de socialistas y Ciudadanos, además del actual del PP, con apenas nueve meses de mandato. Todos ellos se han acordado del tema en campañas electorales, prometiendo ser quienes consiguieran llevarlo a buen puerto finalmente, pero pocos pasos más han podido dar en un asunto que parece superar a la administración local.
Una de las últimas alusiones al tema fue del actual alcalde, Manuel Serrano, cuando se presentaban los actos por el 50 aniversario de Campollano, afirmando entonces que es ya «un reto personal» sacar adelante el proyecto y que el Ayuntamiento estaba trabajando «para desbloquearlo». Desde entonces, el equipo de Gobierno obvió varias propuestas de La Tribuna para ahondar en las opciones de reactivar la actuación a medio plazo, de forma que sirven de base para esta información las diversas sentencias judiciales que han llevado a este punto y el proyecto de reparcelación que publicó la Gerencia de Urbanismo en mayo de 2023.
Ese último documento aporta una de las claves fundamentales de la situación actual, pues indica que unos 56.300 metros cuadrados de ese área de planeamiento urbanístico, el 21,5% de su superficie total de casi 262.000, es aún de «titularidad dudosa». En la amplia mayoría de los casos, casi un 80% de las parcelas de la zona, la disputa está entre quienes se fijaron como propietarios en 2009 y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que, una vez iniciada la urbanización, reclamó la titularidad de los terrenos más cercanos a las servidumbres de la vía del tren.
Urbanismo señala textualmente, en sus fichas sobre las parcelas, a que «las partes afectadas deberán interponer ante los tribunales civiles las acciones judiciales oportunas para que determinen con carácter definitivo a quien corresponde la titularidad de las superficies controvertidas y, en consecuencia, de los aprovechamientos urbanísticos».
Por tanto, salvo que se plantee otra alternativa técnica para el puente o se alcancen acuerdos entre los partes (o el muchas veces mencionado y no sellado con ADIF), el camino en los juzgados del APR-13 puede ser aún largo y postergar la resolución de un asunto que no ha parado de enturbiarse.
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