El próximo 3 de abril entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2025, una nueva regulación sobre los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar una demanda en asuntos civiles y mercantiles. Este cambio legislativo busca descongestionar los tribunales y fomentar la cultura del acuerdo entre las partes en disputa, algo que en otros países ya se ha implementado con relativo éxito.
La ley establece que los litigantes deberán intentar resolver sus conflictos a través de mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación, el derecho colaborativo, la oferta vinculante confidencial o la opinión de un experto independiente. Estos métodos, aunque novedosos para algunos, ya son utilizados con frecuencia por abogados que, en la mayoría de los casos, buscan acuerdos extrajudiciales antes de recurrir a la vía judicial.
Un elevado porcentaje de los casos registrados en los últimos años, en un 40% lo cifra Albino Escribano, decano del Colegio de la Abogacía, se verían afectados por esta obligatoriedad. Esto implica que miles de litigios deberán pasar primero por un proceso de mediación antes de llegar a juicio, lo que podría reducir significativamente la carga de trabajo de los tribunales y agilizar la resolución de conflictos. Sin embargo, también se abre un debate sobre la efectividad real de estos mecanismos y sobre si todas las partes estarán dispuestas a negociar de buena fe.
Si bien la norma excluye ciertas materias, como la penal, la laboral y la concursal, su impacto en el ámbito civil y mercantil será significativo. Es cierto que la mediación puede ofrecer soluciones más rápidas y económicas, pero también existe el riesgo de que, en algunos casos, se convierta en un trámite burocrático que retrase en lugar de agilizar la justicia. Además, la ley prevé beneficios como la asistencia jurídica gratuita para quienes deban participar en un MASC y cumplan los requisitos, así como la exención del IRPF en indemnizaciones acordadas a través de estos mecanismos. Esto supone un incentivo para recurrir a ellos, aunque aún está por ver cómo se implementará en la práctica y qué impacto tendrá en la efectividad del sistema judicial.
El gran reto será garantizar que estos métodos sean realmente efectivos y no una simple formalidad impuesta por la ley. Para ello, será fundamental la formación adecuada de mediadores y abogados, así como el compromiso de todas las partes en la búsqueda de soluciones justas. De lo contrario, la ley podría quedarse en un buen propósito sin la capacidad real de mejorar el sistema de justicia. La obligatoriedad de los MASC es un paso ambicioso hacia una justicia más ágil y eficiente, pero su éxito dependerá de cómo se implemente en la práctica.