Representantes de los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han registrado una petición urgente de reunión con el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para abordar el anteproyecto de la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa. Según los sindicatos, esta normativa plantea riesgos de privatización en los servicios públicos al introducir la figura de las entidades colaboradoras, permitiendo que empresas privadas gestionen trámites que hasta ahora han sido competencia exclusiva del personal funcionario.
El anteproyecto establece que estas entidades privadas podrán encargarse de tareas como la tramitación de ayudas, autorizaciones y certificaciones, funciones que tradicionalmente han estado a cargo de la administración pública. Los sindicatos denuncian que esta medida puede suponer la desprotección de los intereses ciudadanos, ya que las resoluciones finales de la administración dependerán de informes y revisiones realizadas por empresas privadas, sin garantizar la imparcialidad y rigor que asegura el personal público.
Se encuentran "preocupados ante la posible inminente privatización de los servicios públicos y ante toda la repercusión que esto va a causar en los ciudadanos de la región , porque puede suponer también un coste económico añadido", han señalado desde los sindicatos. Asimismo, expresan preocupación por la posible vulneración de la privacidad en el manejo de datos sensibles, en manos de entidades que no están sujetas al mismo nivel de responsabilidad pública.
Otro de los puntos críticos del anteproyecto es la promoción del uso de la declaración responsable. Este mecanismo permite que las personas interesadas certifiquen el cumplimiento de requisitos sin la necesidad de una autorización previa de la administración, dejando las comprobaciones para una fase posterior. Los sindicatos consideran que este modelo puede derivar en irregularidades irreparables, especialmente en áreas sensibles como los servicios sociales o el medio ambiente, donde la normativa europea desaconseja el uso de estas prácticas.
Los sindicatos también han anunciado un manifiesto en defensa de los servicios públicos, que será difundido entre organizaciones sociales, vecinales y profesionales de Castilla-La Mancha. En el documento, rechazan rotundamente la delegación de potestades públicas a manos privadas y piden reforzar la estructura de la administración pública en lugar de debilitarla.
Como medida de presión, han declarado una "alerta roja" en la administración pública y no descartan iniciar un ciclo de movilizaciones y asambleas en toda la región. "Defenderemos hasta el final los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Si el gobierno no nos recibe ni dialoga, nos verá en las calles", han afirmado.
Por último, los sindicatos instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a explicar por qué considera necesaria esta reforma y qué repercusiones prevé. Solicitan un proceso de diálogo social real antes de continuar con la tramitación de la ley. "Modernizar nuestra administración regional ha de pasar por reforzar la propia estructura pública", concluyen.