La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este martes un decreto en el que encomienda a la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la averiguación de las circunstancias de los hechos ocurridos el pasado viernes 24 de junio, cuando varias personas intentaron saltar la valla en la frontera de Melilla con Marruecos y al menos 23 personas fallecieron.
Así lo ha informado el Ministerio Público en una nota en la que explica que la decisión de Delgado se fundamenta en "la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación".
Según ha precisado el órgano dirigido por Delgado, la Fiscal de Sala había elevado esta mañana comunicación solicitando la apertura de diligencias de investigación para el esclarecimiento de lo sucedido, en referencia a la entrada masiva en la frontera de Melilla que dejó al menos 23 migrantes fallecidos y unos 57 heridos, además de los 49 agentes de la Guardia Civil que resultaron afectados.
Al menos 500 subsaharianos lograron acceder a Melilla el pasado viernes después de que lograran romper con una cizalla la puerta de acceso al puesto de control fronterizo del Barrio Chino, saltando por el tejado del mismo para acceder a la ciudad española. Se trata de la primera entrada masiva que se produce en la ciudad autónoma desde la normalización de las relaciones entre España y Marruecos en abril de 2022, tras el giro de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental.
Este mismo martes, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha solicitado a los gobiernos de España y Marruecos que lleven a cabo una investigación "efectiva" e "independiente" de lo ocurrido. Según ha dicho, están "profundamente preocupados".
Horas antes de que se diera a conocer la decisión de la Fiscalía española de abrir diligencias de investigación, Bachelet destacó que la tragedia ha registrado el "número más alto de muertes en un solo incidente" desde hace "mucho años" y ha denunciado la violencia con la que se empleó la Policía marroquí.
La alta comisionada de la ONU indicó que en el organismo han recibido denuncias de "migrantes golpeados con porras, patadas, empujados y atacados con piedras por funcionarios marroquíes cuando intentaban escalar la cerca de alambre de púas".
Así las cosas, hizo un llamamiento a Marruecos y a España para que "garanticen el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes en su frontera común y, en particular, que sus agentes fronterizos se abstengan de cualquier uso excesivo de la fuerza contra ello".
La medida adoptada por la Fiscalía General del Estado también tiene lugar después de que asociaciones de jueces y fiscales, como Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), reclamaran que se llevara a cabo una investigación sobre lo sucedido el pasado 24 de junio, que ambas calificaron como hechos de violación de Derechos Humanos.
Asimismo, varias ONG de ayuda a migrantes exigieron a las autoridades españolas y marroquíes una investigación y reclamaron vías legales y seguras para las personas que buscan migrar, a la vez que solicitaron que no se devolviese a quienes sí lograron cruzar la frontera en la ciudad autónoma.