El decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española.

¿La presidencia de la Comisión de Deontología se elige por designación de la presidenta del Consejo de la Abogacía?

Efectivamente es por designación de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, que somete esa designación al Pleno y eso determina el nombramiento. En principio es competencia exclusiva de la presidenta determinar las presidencias de las comisiones.

¿Qué duración tiene el cargo?

Dura mientras la presidenta esté en el cargo o decida la sustitución. Es una competencia exclusiva de presidencia y, por tanto depende de la voluntad de la presidencia.

¿Con este nombramiento deja de ser vicesecretario general del Consejo?

Dejo de ser vicesecretario general y paso a la presidencia y lógicamente dejo de ser secretario de la Comisión de Deontología.

Entiendo que conoce el cargo de presidente de la Comisión, porque hasta ahora era el secretario.

Efectivamente, es una Comisión de una gran importancia, muy relacionada con el trabajo que yo he venido desempeñando en el Consejo, con varios proyectos que también estamos realizando en el Consejo General y entiendo además que es una Comisión, sin merma de las demás, de las más importantes del Consejo General y en general para la profesión, con lo que espero poder desarrollar proyectos interesantes para la profesión.

La Comisión revisa los recursos presentados contra las resoluciones colegiales por infracciones deontológicas, ¿se cometen muchas infracciones?

Si que hay. Se resuelven los recursos contra las resoluciones, eso no quiere decir que se resuelvan infracciones, que también; es decir, hay muchas resoluciones que lo que resuelven es sobre archivos o soluciones no condenatorias, por así decirlo. La Abogacía tiene una vocación de transparencia y lógicamente cualquier queja, no sólo la que realice un ciudadano, sino de las que tengan conocimiento las juntas de Gobierno dan lugar a un expediente disciplinario que luego se instruye, se delimita y se establece la prueba y puede suponer una sanción o no, al compañero o compañera que haya realizado los hechos. Esa voluntad de corregir comportamientos no adecuados es esencial para que cada día funcione mejor y para tener la confianza de la ciudadanía.

¿Cuáles son las infracciones más habituales que se cometen?

Últimamente las infracciones que más están de moda son las que obedecen al deber de confidencialidad; es decir, a la aportación en procedimientos, bien sea de comunicaciones con compañeros o de documentación que tienen un carácter confidencial en un ánimo transaccional. Esa aportación, que se está admitiendo por algunos juzgados, supone una grave infracción al principio de lealtad que preside las relaciones entre profesionales. Últimamente estamos viendo bastantes infracciones de ese tipo.

Por lo que dice la confidencialidad en las comunicaciones es un valor sagrado para la profesión.

Para la profesión es una labor esencial, es un principio elemental, porque si no sería imposible tener la confianza con el compañero, en un ánimo de poder resolver las cuestiones sin acudir a los Tribunales de Justicia. Si se pudiesen aportar las comunicaciones eso no se realizaría y la gravedad de todo ello lo vemos estos días. Hoy está en el candelero la Fiscalía de Madrid por hacer públicas unas comunicaciones confidenciales. Ese carácter esencial viene recogido incluso en el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, en el que se decreta ya por fin, y esperemos que se apruebe, esa confidencialidad y la prohibición de aportar esas comunicaciones confidenciales y la imposibilidad de que sean prueba en juicio. Esto va a ser fundamental para la profesión, para los ciudadanos y para la Administración de Justicia.

¿Qué puede suponer la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa a la que ha hecho referencia?

La Ley Orgánica del Derecho de Defensa va a suponer un hito importantísimo para los ciudadanos, lo decía el otro día en el Consejo General Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que el derecho de defensa es de los ciudadanos. Los abogados y las abogadas servimos únicamente a ese derecho de defensa, por eso es tan importante que se apruebe una Ley que proteja los principios fundamentales del Derecho de Defensa, las obligaciones deontológicas y, en definitiva, todo cuanto hace referencia a ese derecho legítimo, constitucionalmente reconocido de los ciudadanos.

¿En que fase se encuentra la aprobación de la Ley?

El otro día se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes las enmiendas de la propia abogacía, que en principio creo que han sido asumidas por casi todos los grupos políticos y quedará el trámite parlamentario para su aprobación. El ministro se ha comprometido a agilizarlo lo máximo posible, lo cual es una buena noticia, porque creo que existe la convicción en todos los grupos políticos de la necesidad de aprobar esta Ley.

¿Cuándo cree que la Ley podría entrar en vigor?

En la Justicia es difícil hablar de plazos y en la política creo que es más o menos lo mismo, con lo cual espero que vaya lo más rápido posible, fundamentalmente por esa conciencia en la necesidad de la aprobación de la Ley y de muchos principios que esa Ley recoge.

¿Por qué es importante la deontología en la abogacía?

La deontología es fundamental, no puede existir la abogacía sin la deontología. La relación de los abogados con sus clientes se basa en la confianza y se basa en la confianza de la aplicación de unas reglas, que tienen un carácter ético y deontológico, sin las cuales no podría subsistir la profesión, ni por supuesto esa confianza con el ciudadano, que es a quien prestamos nuestros servicios, de ahí la importancia, el carácter transversal de la deontología para cualquier rama del Derecho y para cualquier actividad y de ahí la importancia de la Comisión de Deontología.

Actualmente es profesor de deontología en el Máster de Acceso a la Abogacía, ¿sus alumnos cuando llegan a su clase conocen la deontología?, ¿en la carrera de Derecho se le da la suficiente importancia a la deontología?

En la carrera de Derecho no se le da ninguna importancia a la deontología, no se da ni una clase de deontología en el grado de Derecho, ni en la carrera en su día, ni hoy en el grado. Los alumnos tienen conocimiento de la deontología por primera vez, salvo por una cuestión que hayan podido leer por interés particular, en el Máster de Acceso, cuando los profesionales de la abogacía les dan traslado de una asignatura que es fundamental en ese Máster. En las facultades de Derecho no se enseña deontología y es uno de los fallos del sistema, que yo he criticado y que espero que alguien remedie, fundamentalmente porque es importante no solamente para los abogados y abogadas, sino también para otros operadores jurídicos, para jueces, para fiscales y en general para todas aquellas personas que trabajen en el ámbito de la Administración de Justicia.

¿Cómo se persigue la falta de ética profesional?

La persecución puede ser de oficio o a instancia de parte. Cualquier ciudadano puede presentar una queja en el Colegio de la Abogacía, esa queja se investiga y puede derivar en un expediente disciplinario. Al mismo tiempo, los colegios también tienen la obligación de aquellas infracciones deontológicas que conozcan abrir expediente y perseguir esa infracción. De hecho, nuestro código deontológico establece que todos los profesionales tenemos la obligación de denunciar a los Colegios de Abogados las infracciones deontológicas, aunque no seamos parte interesada en esa infracción. Hay un principio fundamental en la deontología y es que cualquier infracción de cualquier compañero perjudica al conjunto de todos, porque evidentemente es algo que evidencia un hecho que no debería producirse y nosotros debemos de ser los más interesados y de ahí la transparencia en el número de denuncias, en la causa de las denuncias. En definitiva, la abogacía está trabajando en todo eso, porque sin la deontología verdaderamente no podemos concebir el futuro, en cuanto a una actividad que establece como principios fundamentales, entre otros, el secreto profesional. Es preciso que los ciudadanos tengan la confianza total y plena en los profesionales de que se va a actuar conforme a unos criterios que responden a principios de libertad, de independencia, de dignidad, de confianza y de secreto profesional.

¿Ven muchos casos en el Colegio de la Abogacía de Albacete?

Sí, se han incrementado notablemente, los ciudadanos, quizá por ese intento de transparencia por parte de la abogacía, cada vez son más conscientes de que deben proteger sus derechos y cuando consideran que un profesional no ha actuado debidamente, formulan la denuncia y si que se han incrementado los casos, no sólo en el de Albacete, sino en general en todos los colegios. La gente cada día, y creo que eso es positivo, es cada vez más consciente de sus derechos. También es cierto que hay gente que denuncia cosas, que no tienen ninguna trascendencia, desde el punto de vista deontológico o sancionador, pero por lo menos, es bueno que el ciudadano reclame sus derechos en todos los ámbitos.

¿Cuál es la situación actual del Colegio?, ¿se mantiene el número de colegiados?

Sí, se mantiene el número de colegiados, a veces baja un poquito el número de ejercientes o el de no ejercientes, pero seguimos manteniendo esos 1.800 colegiados, que son los que hace mucho tiempo tenemos. En algunos momentos parece que baja el número de profesionales, pero más o menos se está manteniendo, que creo que es un signo de buena salud de la profesión.

¿La nueva sede del Colegio está plenamente operativa?

Las obras no están totalmente terminadas, aunque la sede si que está operativa, en el sentido de que nuestros trabajadores están allí, está disponible para los profesionales, para su utilización, pero todavía nos faltan bastantes cosas, bastantes terminaciones, esto de las obras parece que no se termina nunca y esperamos que en dos o tres meses podamos hacer la inauguración oficial de la nueva sede, una vez que tengamos todo en condiciones de ser visitado y utilizado.

¿Qué ha supuesto la nueva sede para el colegio?

Para el colegio lo es todo, es tener una casa propia casi después de dos siglos. Hemos estado muy a gusto en las instalaciones del Ministerio de Justicia, con quien teníamos una vinculación extraordinaria, pero las cosas son como son. Hemos tenido que salir para crear nuestra casa y estamos de enhorabuena porque ahí si que creo que será realmente la casa de la abogacía y a disposición no solamente de los profesionales, sino de toda la ciudadanía de Albacete y su provincia, para satisfacer todos los servicios de los que precisen de nuestra profesión.