En mayo de 2021, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba la demanda presentada por Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna, actual marqués de Paúl,  con lo que se refrendaba el fallo de febrero de aquel año del Tribunal Constitucional, que daba la razón a la segunda mujer de su padre, Bárbara Kalachnikoff, y a sus dos hijas, que pedían la disolución de Mazacruz.

 Hasta ese momento era el IX marqués de Paúl, quien controlaba la mayor parte de los bienes de la herencia de su padre, agrupados en la sociedad Mazacruz. Ya que Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna controlaba el 61,85% de los derechos de voto de Mazacruz,  cuando sólo es titular del 27,46% de su capital social, puesto que la segunda mujer de su padre, Bárbara Gutiérrez Maturana Kalachnikoff y sus dos hijas, Bárbara Gutiérrez Maturana Larios Kalachnikoff y Christina Gutiérrez Maturana Larios Kalachnikoff, tienen la titularidad del 72,54% de la sociedad.

La liquidadora. Tras más de tres años de espera, ahora se ha hecho público el nombramiento de la empresa PKF Attest Servicios Profesionales SL. como empresa liquidadora de la sociedad Mazacruz, propiedad de la familia Larios.

Comienza por tanto la liquidación de la sociedad tras ser condenada a su disolución y liquidación en un laudo arbitral del año 2017; laudo firme en el que también se estableció que, ya en aquel momento, la sociedad tenía un valor de 615 millones de euros.

Mazacruz aglutina un valiosísimo patrimonio en sus sociedades filiales que ahora tendrá que liquidarse, como la finca la Dehesa de Los Llanos de Albacete de 11.000 hectáreas, un centro comercial y edificios en las mejores zonas de Málaga, casas en la Granja de San Ildefonso (Madrid), recursos cinegéticos y obras de arte, entre otras cosas.

En el largo tiempo que ha transcurrido, desde que se dictó el laudo hasta que la empresa PKF ha sido designada para liquidar la sociedad, se han dado toda clase de vicisitudes en los tribunales, como la anulación del laudo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la posterior intervención del Tribunal Constitucional para anular aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dar nuevamente validez al laudo que ahora, mediante la liquidación en marcha, se va a cumplir.

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