El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en la confección de una nueva ley de Universidades autonómica. Dicha norma pondrá ciertos límites a la universidad privada, pero no impedirá que ninguna se instale en la región si así lo desea.
La ley buscará «no reventar la viabilidad del sistema público» con «universidades a modo de factoría de títulos», al incluir de forma expresa que las universidades dediquen entre sus actividades la investigación y no sea «pagar» para «recoger un título». Así lo ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la firma del convenio para activar el programa María Goyri en la región.
Dicho acuerdo permitirá la contratación y estabilización de 169 profesores universitarios, siendo la incorporación de 96 docentes financiada por el ministerio de Universidades de la que es titular Diana Morant, presente en el acto junto al rector de la UCLM, Julián Garde, y el consejero de Educación, Amador Pastor.
Page y Morant han coincidido en que la forma de avanzar reside en el seno de la universidad, en sus docentes y en la investigación. La ministra de Universidades, Ciencia e Innovación ha puesto cifras a esa máxima del Programa de incorporación de Talento firmado esta tarde: «El 95 por ciento de la investigación que se hace en la universidad es en la pública».
De esta forma, el presidente autonómico ha anunciado que el Ejecutivo castellanomanchego va a plantear «un nuevo plan de investigación e innovación», el plan Princet, para actualizar el actual, que ha dejado un retorno de 1.100 millones de «fondos de todo tipo». Page espera que el que vendrá «de 2025 a 2027» tenga «más financiación». Todo ello, se concretará en el debate del Estado de la Región.
«Estamos muy comprometidos con que la universidad lleve incorporado inherentemente la obligación de investigar», ha destacado Page, incluso rompiendo el «efecto frontera» con otras regiones y compitiendo con «unos precios públicos extraordinarios», incluidas las matrículas de máster en la UCLM.
El programa María Goyri tiene como objetivo, entre otros, reducir la temporalidad del profesorado universitario. Actualmente, ha recordado Morant, «el 49 por ciento de los profesores de nuestras universidades tienen un contrato temporal» y quienes «ayudan a construir» el sistema educativo «no pueden continuar siendo islas de precariedad». Por ello, tratará de reducir al 16 por ciento los contratos temporales.
Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que ha firmado este plan de actuación y retención del talento, siendo la primera Asturias. Mañana se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de esas 96 plazas financiadas por el ministerio.