El Grupo Municipal Socialista (GMS) manifestó su preocupación por lo que considera una falta de defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Albacete por parte del actual equipo de Gobierno, liderado por el Partido Popular. Así lo expresó el concejal socialista Roberto Tejada tras conocer las declaraciones del concejal de Infraestructuras, Julián Garijo, sobre el expediente sancionador iniciado por los técnicos del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento contra la empresa adjudicataria de la remodelación de las calles Santa Quiteria y Puerta de Murcia.
"Julián Garijo ha dejado claro que no está a favor de sancionar a las empresas adjudicatarias de contratos municipales, a pesar de que no cumplan con los plazos y compromisos acordados", señaló Tejada Márquez, reiterando su preocupación por los continuos retrasos y la falta de eficiencia en la gestión de las obras municipales bajo la dirección del actual equipo de Gobierno del PP. "El sexto teniente de alcalde y concejal de Ciudad Abierta, Dinámica en Marcha y de Futuro, responsable de Urbanismo, Infraestructuras, URVIAL y Vivienda, Julián Garijo, gestiona demasiadas competencias, lo que repercute en su capacidad y eficacia, como ya se ha visto en la gestión de las obras municipales", subrayó Tejada.
Cuestión de los técnicos
Asimismo, el concejal socialista recordó que el propio Garijo ha admitido en un medio de comunicación local que no es partidario de sancionar a las empresas que no cumplan lo contratado, y que eso depende de los técnicos municipales. "En el PP nunca hemos sido favorables a sancionar a las empresas", afirmó Garijo, según Tejada. "Ahora sabemos cuál es la postura del concejal de Infraestructuras y cómo valora el cumplimiento de los contratos y la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", criticó el concejal socialista.
El 23 de octubre de 2023, el Ayuntamiento formalizó el contrato para la mejora de la accesibilidad y la remodelación de las calles Santa Quiteria y Puerta de Murcia por un valor de 1.086.974,43 euros, más el 21% de IVA (228.264,63 euros). El plazo de ejecución se estableció en cinco meses, y el acta de replanteo se firmó el 9 de enero de 2024. Sin embargo, debido a varios informes y prórrogas, la fecha de finalización se retrasó al 16 de julio de 2024. Al no cumplirse este plazo, el Servicio Técnico de Infraestructuras solicitó el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, que se calcularon a razón de 0,60 euros diarios por cada 1.000 euros del precio del contrato, excluyendo el IVA.
El 29 de julio, la empresa adjudicataria solicitó la recepción de las obras para el 14 de agosto, pero dos días antes, el 12 de agosto, el equipo de Gobierno aprobó el inicio del procedimiento sancionador. "Ahora sabemos que al Gobierno de Manuel Serrano le cuesta mucho defender los intereses de los vecinos y vecinas, anteponiendo los de las empresas, como siempre hace la derecha", concluyó Tejada Márquez.
Finalmente, el concejal socialista advirtió que el PSOE estará atento respecto al cumplimiento de los contratos en otras obras, como las de Hermanos Falcó y la carretera de Barrax, confiando en el rigor y la dedicación de los funcionarios municipales en este sentido.