Ni petición individual ni arrepentimiento ni equidad ni justicia. Ni siquiera la garantía de que no lo volverán a intentar. Todo lo contrario, reiteran que lo harán. La concesión de los indultos a los políticos secesionistas de Cataluña no cumple ninguna de las condiciones necesarias que exige la ley reguladora del indulto para otorgar esa medida. Tan solo puede alegar el Gobierno, como parece que va a ser su argumento principal, "utilidad pública" para "fomentar la convivencia en Cataluña". Y esa es otra grave mentira del Gobierno, ya que solo va a servir para fomentar la convivencia de quienes están a favor de la independencia. El resto, esa otra mitad de catalanes, con los mismos derechos --y todos los españoles en quienes radica el derecho a decidir-- son abandonados por este Gobierno, que traslada el mensaje de que se puede intentar un golpe de estado, romper las reglas de juego constitucionales, vejar a la Justicia --el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado han reiterado que no se cumplen las condiciones para otorgar el indulto-- y que no pase nada. O que pasen muchas cosas.

Hay que buscar una salida al problema catalán. Sin duda, pero dentro de la legalidad. Con la generosidad que solo el Estado puede tener, pero sin arbitrariedad. Con diálogo, pero con el compromiso de la otra parte de respetar el marco constitucional y de no volver a intentar saltárselo. Si hay diálogo con los que buscan la independencia, debería haberlo antes con quienes defienden la Constitución y no debería haber ninguna negociación sin que hubiera un acuerdo previo entre los dos grandes partidos nacionales, los únicos que son alternativa para el Gobierno de España. El indulto no resolverá el problema de fondo, porque los independentistas catalanes no se conforman con eso y ya han dicho que quieren la amnistía y que, en dos años, con acuerdo o sin él, habrá un referéndum por la independencia. El indulto no solo no abre vías de normalidad, sino que es un golpe frontal al Estado Democrático de Derecho y deprecia y desprecia a los tribunales españoles, a la Justicia en su conjunto, cuando hay recursos ante los tribunales europeos y una próxima declaración del Consejo de Europa. A cambio de la generosidad del Estado, ¿firmarán los indultados un compromiso expreso de respeto a la Constitución y de no volver a intentar el golpe de estado? ¿Qué hará el Gobierno con Puigdemont, a quien el actual presidente de la Generalitat ha visitado para rendir cuentas? ¿Le alcanzará también el indulto del Gobierno?

Es entendible que una parte del empresariado catalán --el mismo que ha callado durante años ante las tropelías de Pujol, Más, Puigdemont, Torra, Junqueras y compañía y ante los decisivos antisistema de la CUP-- defienda ahora los indultos como forma de recuperar una cierta normalidad civil. Pero también se equivocan. Ni volverán los miles de empresas que han abandonado Cataluña ni la política secesionista les traerá un futuro mejor. Ni los políticos independentistas han buscado nunca el interés general ni el presidente Sánchez quiere un acuerdo pacificador del conflicto. Unos y otro quieren el poder para seguir en lo suyo. Los unos para alcanzar la independencia imposible de Cataluña y el otro para seguir siendo presidente del Gobierno. En ambos casos, al precio que sea y, si es necesario, despreciando la ley y los intereses de los ciudadanos. De todos los ciudadanos de Cataluña y de todos los ciudadanos españoles. Estos indultos no solo no reparan ninguna injusticia, sino que dan alas a los delincuentes.

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