El refrán castellano de «donde dije digo, digo Diego» podría ilustrar a la perfección el discurso de Pedro Sánchez sobre la concesión de los indultos a los líderes independentistas, puesto que el socialista ha ido modulando su postura desde un rechazo inicial a esta medida de gracia a una defensa cerrada en aras del interés general.

La primera referencia sobre el derecho al indulto que se le conoce al líder socialista se remonta a finales de 2013, cuando el actual presidente del Gobierno era solo un diputado de base y quedaban cuatro años para los sucesos del 1 de octubre en Cataluña. En la Conferencia Política del PSOE celebrada ese año defendió con vehemencia un documento en el que se proponía el fin de los indultos por motivos políticos o económicos.

Además, exigía el madrileño que cualquier indulto contase siempre con la opinión a favor del tribunal que dictó la sentencia. Pasados ocho años de aquellas palabras es conocido el informe del Tribunal Supremo contrario al indulto de los líderes del procés que, al ser preceptivo pero no vinculante, no ha evitado que el Gobierno los apruebe.

Esa opinión en contra de este beneficio penitenciario no fue la primera expresada por Sánchez antes de llegar a La Moncloa. En agosto de 2014, recién elegido líder del PSOE tras ganar las primarias, volvió a rechazar las decisiones de este tipo para políticos condenados. «El Gobierno ha utilizado el indulto más de lo debido y los indultos políticos deben acabar en nuestro país», aseguraba.

En una entrevista en televisión fue aún más explícito, y reconocía sentir «vergüenza» de los indultos a políticos concedidos por los Gobiernos del PSOE. «No tiene ningún sentido que un político perdone a otro y yo siento vergüenza de eso», proclamaba.

Años más tarde, pasado el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la detención o huida de España de los líderes del procés, el primer socialista que habló con franqueza de la posibilidad de perdonar a los separatistas, incluso antes de que llegaran las condenas, fue el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien en plena campaña de las elecciones catalanas de diciembre de ese año defendió la gracia penitenciaria en aras de la «reconciliación».

Unas palabras que no gustaron ni dentro ni fuera del PSOE. Tras aquellos comicios, en los que Ciudadanos ganó con un resultado histórico, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció que esa defensa de los indultos generó «desconfianza» en los votantes constitucionalistas.

Rebelión

Ya en la primavera de 2018, todavía en la oposición, Sánchez propuso actualizar el delito de rebelión y para ello se puso en contacto con el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. En su opinión, era preciso que el Código Penal acogiera «distintas formas de entender el delito de rebelión» sin que fuera necesaria la existencia de altercados públicos para aplicar este tipo penal. Una visión que contrasta con la actual, que apuesta por la reforma del delito de sedición para adaptarse, según asegura el Gobierno, a las legislaciones de otros países europeos.

Su llegada al Palacio de la Moncloa en junio de 2018 gracias al triunfo en la moción de censura contra Mariano Rajoy no modificó inicialmente la posición de Sánchez sobre los líderes del procés. Es más, en un debate electoral de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, propuso incluso una reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal fuera considerada de nuevo delito. Una iniciativa que cerraba un poco más el cerco a las reclamaciones separatistas.

En esta misma línea y al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo defendió el «íntegro cumplimiento» de las penas. Y para afianzar esta idea, negó de forma tajante la posibilidad de un indulto estuviera «encima de la mesa».

Nueve meses de tramitación

Celebrada la cita con las urnas y formado el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, la pandemia impidió que la posibilidad del indulto volviera a salir al debate público hasta septiembre de 2020, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confirmó que su departamento comenzaría en breve a tramitar esta medida.

Desde ese anuncio hasta la aprobación efectiva de los indultos han pasado exactamente nueve meses. Un embarazo político en el que Pedro Sánchez y todo su Ejecutivo han abonado la tesis de que el perdón cierra heridas, ayuda a la reconciliación y al interés general.

Una medida de gracia que Sánchez y su gabinete niegan en redondo que tenga nada que ver con su exigua mayoría parlamentaria y la necesidad de apoyarse en ERC para sacar leyes adelante.