El Juzgado de lo Penal número uno de la Ciudad de la Justicia juzga desde hoy y a lo largo de toda la semana a una registradora de la propiedad, para la que se piden 30 años de prisión, además de importantes indemnizaciones para los seis denunciantes, por un caso de acoso laboral.

Mientras que la Fiscalía solicita 12 años de cárcel por seis delitos de acoso laboral y seis de lesiones psíquicas, el abogado de la acusación particular, Marcos García-Montes, reclama para la procesada una pena total de 30 años de prisión, así como que la acusada indemnice a sus clientes con 210.000 euros por las lesiones psíquicas que les ha causado y 12 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

A petición del abobado de la defensa, el juez aceptó que la querellada declare en último lugar, es decir, el jueves día 30, una vez se hubieran presentado las pruebas periciales y testificales, con el fin de poder ejercer una mejor defensa del caso. También la solicitud de que la acusada, al estar colegiada en el Colegio Oficial de Abogados, y ser nueva ejerciente, se sentara durante la vista en el estrado junto a su abogado, en lugar de ocupar el banquillo de los acusados, fue aceptada por el juez.

En base a estos cambios, fueron los seis querellantes que denunciaron a la registradora de la propiedad procesada por acoso laboral y comportamientos vejatorios, los primeros en prestar declaración y responder a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal, como de la acusación particular y la defensa. Querella por la vía penal que termina en juicio tras muchas denuncias por parte de los querellantes en los juzgados de lo Social.

Todos ellos han ratificado las manifestaciones de Joaquín Linares, el primer testigo en declarar, y Ana María López, el primero ya jubilado, y la segunda con más de 33 años de antigüedad, ambos oficiales del Registro de la Propiedad número 1 de la capital, que han coincidido en afirmar los siete años infernales vividos junto a la acusada que era la jefa, lo que les ha provocado de por vida secuelas psicológicas. 

Los querellantes han relatado con detalle todos los episodios sufridos casi a diario por la querellada por el trato que ésta les imponía, con "insultos, menosprecios y acusaciones de falta de profesionalidad y preparación para hacer bien nuestro trabajo", al tiempo que "las órdenes y contraórdenes sobre un mismo documento eran frecuentes", señaló Joaquín Linares, mientras que Ana María López, agregó que "llegó un momento en que la forma de trabajo que nos impuso la registradora de la propiedad suponía un incremento de la carga de trabajo y unas exigencias que no eran asumibles"-

Con el fin de que no sufrieran distracciones en su jornada laboral, los denunciantes declararon que les quitaron los teléfonos de mesa, "la registradora contrató a personas para que nos vigilaran en nuestro trabajo diario", y además "nos obligaba a hablar susurrando", así como a "no tener contacto con la gente de la calle" ni con la propia querellada "con la que nos teníamos que comunicar por escrito o a través de un buzón instalado por ella misma".

Esta situación llevó a estos seis trabajadores a ser dados de baja en varias ocasiones por depresión, ansiedad o trastornos adaptativos, y a recibir medicación y atención de psiquiatras y psicólogos.