La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) publica cada año una herramienta que permite conocer los entresijos de la institución y saber en qué puntos hay aspectos que mejorar. Se trata de la memoria de la Defensoría Universitaria, un organismo al que recurrir tanto los más de 28.000 estudiantes como las más de 3.000 personas que trabajan en la universidad regional y que, por ejemplo, está detrás de algunos cambios normativos y reglamentos desarrollados en estos años, muchos surgidos a raíz de que año tras año se repitan las mismas quejas a este organismo. Por este motivo, en la memoria de 2023 se refleja ese cambio de tendencia, con una caída en los asuntos presentados por estudiantes, un 21,5 por ciento menos, mientras que los del personal están en aumento.
Estos dos aspectos, los señala la defensora universitaria de la UCLM en la memoria, Ágata María Sanz, quien da una perspectiva histórica a esta situación. «Aunque el sector estudiantil es el que, en términos absolutos, presenta el mayor número de solicitudes de intervención, se observa un notable descenso. Sin embargo, en paralelo, se está produciendo un aumento de las del personal». «Para que bajen, se han dado dos factores», explicó la defensora, en declaraciones a La Tribuna. Lo primero es que «se aprobó un nuevo reglamento de evaluación del estudiante», un aspecto clave en las quejas. Otro es la información que se ha dado a los delegados de estudiantes sobre esta normativa y que ha tenido su impacto. «Los problemas se detectan desde los centros y se empieza a ponerle fin en los centros sin que tenga que escalar a Defensoría Universitaria o a Vicerrectorado de Estudiantes», señaló Sanz.
Mientras, en el caso del personal, desde el organismo han detectado que «ha habido muchos conflictos en el pasado que no han sido bien resueltos, que se han quedado ahí latentes y ahora están en ebullición». Aparecen, indicó la defensora, porque hay un mayor conocimiento con la información que se está dando en todas las áreas, pero también porque han demostrado que se pueden cambiar actitudes, frente a la idea de que nada se puede cambiar, tratando de usar la mediación o la información en la mayoría de los casos, como la marca la Ley de Convivencia Universitaria.
En el caso de los estudiantes, el informe recoge aspectos como las dobles titulaciones y la dificultad de compaginar horarios o el seguimiento de los trabajos fin de grado, dos aspectos que se repiten memoria tras memoria del organismo. En total se presentaron 124 asuntos por estudiantes, cuando en 2020, por ejemplo, hubo 237. Mientras en el personal, la memoria recoge asuntos sobre uso de instrumentos en equipos de investigación, conciliación laboral o problemas de convivencia. Hubo 72 asuntos, por 29 que se recogieron en 2020 en esta área.
A estos asuntos se suman las 14 veces que se activó el protocolo de acoso, tres de tipo sexual o por razón de sexo, y 11 de tipo laboral. «Algo que la gente no entiende bien del protocolo frente al acoso es que solo se pueden tratar conductas que pasan en un contexto universitario», recordó la defensora, por situaciones que se dieron el año pasado y en las que se les acusó de falta de actuación. Solo si ocurren «en instalaciones de la universidad o en la actividad organizada por la UCLM» se puede intervenir indicó, señalando que son los aspectos «más duros» de la labor de la Defensoría y recordando que es en 2024 cuando se pondrá en marcha el nuevo protocolo frente al acoso de la entidad