Vivimos tiempos donde el comportamiento traicionero se ha convertido en algo habitual y no recibe respuesta eficaz. El que hace la Ley suele redactar la trampa, por eso, los traidores se escapan del reproche jurídico usando subterfugios, protecciones y la complicidad de quienes deben interponer el control, personas y órganos, que deberían ejercerlo para garantizar la tutela jurídica efectiva y un modo de entender la convivencia orientando las conductas hacia el sentido común, lo cabal y lo correcto. Es lamentable presenciar ejemplos de desvergüenza faltando al respeto a instituciones y ciudadanos, que tienen la desgracia de soportar a la peor camada de políticos de la democracia española. Esa ausencia de dignidad alcanza cotas impresionantes en quienes deberían tener como referente principal el respeto a la Ley y la verdad.
No hay por donde coger a semejante patulea de obtusos, empeñados en manosear derechos y libertades ajenas. Cuando no se atisba el horizonte de lo adecuado, recurrimos a la retribución ética para solapar la carencia absoluta de responsabilidad legal. El efecto pernicioso del separatismo en España ha sido coartada reiterada para el enfrentamiento social, donde el recurso a las armas nos ha acompañado demasiadas veces. Conflictos diversos, disfrazados de muerte, en reiterados episodios del siglo XX.
Nuevas amenazas. Los herederos de la intransigencia, recurrentemente, regresan a monsergas del pasado justificando nuevas amenazas y agresiones con argumentos absurdos y desproporcionados. Algunos partidos políticos se enfundan su vetusto tribalismo para encontrar excusas incongruentes, pero necesitan tibieza, indolencia o cobardía de las grandes corrientes ideológicas hispanas, que se aferran con firmeza a la soberanía del estado más antiguo del mundo, ejemplo de categoría histórica para enaltecer, aunque también, paradigma de un pertinaz e incomprensible suicidio social.
Los avatares del tiempo han hecho emergen un nuevo conflicto en esta etapa democrática, que logró superar la posible e imaginable hemorragia sangrienta mostrando una gran coherencia política, a prueba de intransigencias recalcitrantes. La locura desatada en Cataluña en el año 2017 no ha hecho más que emulsionar la desgracia colectiva para embadurnarnos de desprecio y odio. Los cuadros dirigentes de la barbarie más violenta han sabido regatear la cordura para retorcer leyes y aprovisionarse de privilegios incomprensibles, arrancados de partidos estatales, que parecían asentados en el respaldo social mayoritario. Sin embargo, la maquinaria parlamentaria ha sido capaz de alterar cualquier argumento mínimamente sensato para dar vida a una inconfesable aberración legislativa.
Demasiados representantes de la soberanía popular han traicionado éticamente a quienes esperaban de su conducta demostraciones de solvencia y responsabilidad. Ya veremos si es posible exigirles retribuciones penales por semejante despropósito moral. Y en esos momentos de mayor zozobra, cuando se hizo preciso contener la independencia de facto, no faltaron dirigentes opositores de primer orden aportando su testimonio para respaldar la exigencia institucional, que requería una revolución.
Vía unilateral. Por tanto, no es extraño escucharlos decir que el independentismo apostaba por el caos erosionando gravemente la convivencia entre catalanes insistiendo en su vía unilateral; diciendo defender la democracia y el autogobierno, pero dando la espalda a los ciudadanos y mostrándose incapaces de lograrlo, sin ponerse de acuerdo. Nadie había hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo. No había ninguna bandera de izquierdas apostando por la causa de la independencia, que es egoísta, regresiva e insolidaria, porque la izquierda es europeísta, progresista, integradora y jamás había apostado por el independentismo buscando siempre la convivencia entre los pueblos de España.
Quien se expresó de ese modo, paradójicamente, años después, después de impulsar y protagonizar trepidantes cambios legales, además de una amnistía para los que atentaron contra la integridad de España, ha cometido, como mínimo, una auténtica traición ética.