El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha tildado de «postureo» la actitud de las comunidades autónomas gobernadas por el PP al abandonar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sostiene que cree que todas las regiones acabarán acogiéndose a la condonación parcial de la deuda que les ha ofrecido el Gobierno.

Tras la reunión, el representante castellanomanchego calificó también como una «decepción» el comportamiento de los consejeros del PP, incidiendo en que reclaman reuniones y cuando se realizan se van sin confrontar opiniones. A su juicio, se fueron porque «el único objetivo que tienen es tirarle piedras al Gobierno de Pedro Sánchez».

Ruiz Molina defiende que la condonación es «muy positiva» para las comunidades y asegura que es muy difícil llegar a acuerdos con el PP «en algo tan importante cuando someten a espectáculos de esta naturaleza, donde se llevan a rajatabla las consignas de Génova, que no defienden los intereses de los ciudadanos a los que deberían representar».

No obstante, se mostró «seguro» de que, «con independencia del 'postureo' que puedan tener, todas las comunidades autónomas se van a acoger a esa condonación, incluyendo las del Partido Popular, porque es muy difícil decirle a los ciudadanos que rechazan que se perdone una deuda», señaló.

La aprobación de la propuesta del Gobierno de España solo necesitaba el voto de una sola comunidad autónoma y Castilla-La Mancha, junto con Asturias y Cataluña avalaron esta medida.

El consejero de Emiliano García-Page explicó que en su intervención en el Conesjo de Política Fiscal y Financiera expresó que «la condonación no resuelve el problema de la financiación», por lo que anima a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que presente una metodología que se pueda debatir, «en lugar de pedir tanta información a las comunidades».

Castilla-La Mancha se mostró ayer a favor de la condonación de la deuda, pero dio un voto en contra en relación con el reparto del impuesto a la banca, donde el planteamiento es que esa recaudación se reparta en función del PIB de cada región; de manera que, aquellas regiones que más tienen parece que tienen más derecho a recibir más. Para el Ejecutivo autonómico es «absolutamente injusto». Cree que va incluso en contra de la propia Constitución, que pide velar por  una «distribución de la riqueza equitativa».

Además de injusto, advierte de que, por si fuera poco, se estaría introduciendo este principio en futuras negociaciones y ha remarcado que «la capacidad económica no puede ser un principio fundamental para repartir los recursos que entre todos los españoles somos capaces de generar».