Siempre hemos sido diferentes e imprevisibles. Aunque las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina – o si lo prefieren, a la vuelta de Semana Santa -, de lo que más se habla en España es de las elecciones catalanas. Cataluña, que parecía adormecida desde que Sánchez llegó por primera vez a la Moncloa, ha vuelto a convertirse en el escenario de todas las batallas.
La amnistía es ya un hecho y ahora el debate se centra en la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia. Más de lo mismo. La duda está en si ese referéndum será vinculante, si llevará acompañada una declaración unilateral de independencia, si habrá acuerdos previos con el Gobierno central o si la consulta será suficiente para que Puigdemont y la burguesía catalana mantengan cogido por salva sea la parte al actual presidente. Eso sí, dejando bien claro que Cataluña seguirá adelante, hasta la victoria final.
En apenas unas semanas, la concordia y la convivencia que nos prometía la Ley de Amnistía se ha evaporado y ha dejado paso a una realidad menos idílica. Puigdemont ni siquiera ha tenido el detalle de agradecerle a Sánchez los servicios prestados. Le ha faltado tiempo al prófugo de Waterloo para prometer a los suyos un nuevo referéndum y la consiguiente declaración de independencia, de forma unilateral o pactada. Por las buenas o por las malas. Si les gusta o no les gusta.
Ante esta tesitura, Sánchez sólo tiene dos alternativas: convocar elecciones generales o permitir que Puigdemont recupere la presidencia de la Generalitat - de la que salió metido en el maletero de un coche - con el apoyo de los socialistas. No va a tener otra opción. Si Puigdemont se queda en la oposición, como consecuencia de un pacto de los socialistas catalanes con ERC, al día siguiente llamará a Moncloa para preguntar por lo suyo. 
La realidad es muy tozuda. La concordia y la convivencia en Cataluña ha durado apenas unos días. Los que tardó Pere Aragonès en firmar el decreto de adelanto de elecciones. A partir de ese momento, ha quedado patente que el único objetivo de la medida de gracia, con efecto retroactivo para salvar a Jordi Pujol y a toda su prole, era permitir que Sánchez siguiera gobernando y haciendo de las suyas.
Por mucho que se quiera disfrazar esa realidad, y por mucho mensaje buenista que se propague desde Moncloa, Cataluña sigue siendo un problema, con otro más añadido: dejar indefensos y sin argumentos a los encargados de hacer cumplir nuestro actual ordenamiento jurídico. Está claro que un gobierno débil les hace más fuertes a los separatistas. 
Ocurra lo que ocurra en las elecciones de mayo, lo de Cataluña tiene mal arreglo. Si gobiernan los indultados y amnistiados, mal, y, si pasan a la oposición los independentistas, todavía peor. 
Al menos, en el País Vasco ya está todo el pescado vendido. Si gana Bildu, pactará con Sánchez, y si gana el PNV continuaremos para bingo.