En la futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha se regula la participación de las entidades colaboradoras, empresas que pueden entrar a realizar algunos trámites administrativos. Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAS lo ven como una privatización encubierta y han salido a la calle a protestar.

«Es una privatización en toda regla, de las más gordas que se han hecho en la historia de Castilla-La Mancha, que ni Cospedal se atrevió a llevar a cabo», apunta Gustavo Fabra, de STAS. Reconoce que en las delegaciones provinciales se acumulan los expedientes, pero señala que para aligerarlo lo mejor es contratar empleados públicos y no recurrir a empresas. «¿Va a ser un cese masvio como en la época de Cospedal? No, Page no juega a eso», explica, «Page juega a largo plazo, una lluvia en plan chirimiri que parece que no te moja, pero te cala hasta los huesos». 

La representante de CSIF, Victoria Ortiz, añade que la ley dejará entrar a las empresas «en ámbitos tan amplios como el patrimonio, desarrollo rural, bienestar socialo sanidad» y recuerda que la garantía que da que esos trámites lo haga personal funcionario es que tiene la obligación de «sigilo profesional».  

Desde UGT Rafael Pérez teme que se implante un sistema en el que los ciudadanos que quieran ir por la vía rápida tengan que pagar más para que se lo haga una empresa. «Habrá un coste para el ciudadano que se quiera saltar esa cola, el fast pass de Disney», comenta.

El portavoz de Comisiones Obreras, Juan Bautista González, da otra clave. «Ahora tienen la administración más dotada porque tienen programas temporales de empleo con fondos que vienen del Estado y de Europa, pero esto va a finalizar y van utilizarlo para justificar que el posible deterioro de los servicios públicos se va a mejorar con entidades colaboradoras», avisa, «tienen mucha prisa por sacar esto adelante».