El Gobierno de Castilla-La Mancha, en una carta firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, ha remitido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, en la que le comunica que en los próximos días será informado del día y hora para hacer inspección de sus instalaciones en el ejercicio de las competencias autonómicas, tras la polémica surgida esta semana en la que se ha dado a conocer que podría estar preparándose para albergar a inmigrantes.

En el escrito, recogido por Europa Press, se indica además que se abre audiencia a la empresa y se cita al propietario a acudir a la Consejería de Fomento para que alegue lo que estime oportuno y ponga en conocimiento de la Administración autonómica cuantas actuaciones se hayan realizado al respecto, "y que de hecho se están haciendo" en las instalaciones.

Avisa el Gobierno de Emiliano García-Page que llegado el caso, se reserva el derecho de ejercitar la acción de restauración de la ordenación territorial y urbanística y cuantas otras acciones pudieran derivarse.

En la carta, argumenta el Gobierno regional que ante la posibilidad de usar el aeropuerto como centro de acogida de inmigrantes, recibió una carta el pasado jueves de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real tras una visita "con objeto de comprobar si se estaba llevando a cabo algún tipo de actuación sin las debidas autorizaciones, constatándose que sí".

Se comprobaron actuaciones que "no parecen corresponder al uso propio de instalaciones de esa naturaleza". "En lo que compete a esta Consejería de Fomento, como máxima autoridad urbanística en la región, es mi deber recordarle que el aeropuerto se tramitó y ejecutó a través de un Proyecto de Singular Interés (PSI), estando los terrenos e instalaciones que comprenden el ámbito del PSI, sometidos a ambos instrumentos".

Se abre de este modo la posibilidad de expediente sancionador en materia urbanística a la empresa propietaria del aeropuerto, si bien precisa que la competencia ordinariamente corresponde al Ayuntamiento, aunque el Gobierno regional se hace responsable.

Quiera analizar unas posibles infracciones "en un ámbito territorial que excede la jurisdicción de un municipio, pues el PSI abarca terrenos no solo del término de Ciudad Real".