No son pocos los ayuntamientos que en los últimos tiempos se han rebelado ante la posibilidad de que quieran excavar una mina en su término, les rodeen de parques fotovoltaicos, les pongan cerca una macrogranja o una planta de tratamiento de residuos. Ahora tendrán voz y voto para rechazar esos proyectos que requieren de una evaluación de impacto ambiental. Así lo ha expuesto la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que ha desvelado que el PSOE va a presentar una enmienda a la Ley de Evaluación Ambiental en ese sentido. 

Explicó que «se deberá elaborar informe por parte de los ayuntamientos» y aquí se incluye su compatibilidad con su planeamiento urbanístico, de impacto socio-económico y también de los posibles efectos con otros proyectos que ya haya en la población. Dicho de otra forma: «No se implantará ningún proyecto en su municipio que el ayuntamiento no considere adecuado».

Padilla explicó que quieren hacer más partícipes a los consistorios, que ahora «podrán evaluar la idoneidad de los proyectos en el desarrollo social, económico y medioambiental de los pueblos». La portavoz del Gobierno regional insistió en que quieren propiciar que todas las administraciones vayan «de la mano a la hora de impulsar el desarrollo de nuestros municipios», compatibilizando la riqueza y el empleo con el cumplimiento de parámetros medioambientales.

Esta normativa afectará a todos los proyectos que requieren evaluación de impacto ambiental, lo que incluye también hoteles en zonas rústicas, aparcamientos o centros comerciales.