Cualquier acuerdo parlamentario apoyado en una formación política que incluyó a criminales en sus listas, que blanquea sistemáticamente la historia de la organización terrorista ETA y que se niega a reconocer la miserable condición del que por décadas fue su brazo armado es indecente, impropio de una democracia sana y dañino para una convivencia asentada sobre los valores de justicia y reparación. EH Bildu volvió a retratar ayer al Gobierno de Pedro Sánchez y, sin encomendarse al PSOE, anunció un acuerdo para derogar parcialmente la Ley mordaza, y más en concreto los aspectos que preocupan a quienes tienen tendencia a la violencia callejera, tales como el uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios o las faltas de respeto a los agentes. También alcanza cuestiones como la devolución 'en caliente' de inmigrantes y está por ver qué más esconde la reforma que, en principio, contará con el apoyo del PSOE, la iniciativa de EH Bildu y el asentimiento de ERC. Junts anuncia enmiendas -el prófugo está nervioso porque no logra regresar bajo palio gracias a la acción de la Justicia a la que Sánchez pretende maniatar- y a Sumar le parece poco una modificación porque persigue la derogación integral de la Ley. 

El texto fue aprobado en 2015 por el PP valiéndose de una mayoría absoluta, que es uno de los dos contextos en los que se suelen promulgar las leyes con contestación social. Esta la tuvo. El otro es una minoría absoluta, caso en el que se encuentra un Gobierno sometido a los empellones de sus socios, cuya única razón en común es existir para dinamitar el consenso constitucional. Ahora, y cuando el PSOE ve peligrar la mayoría parlamentaria que sirvió para mantenerse en el poder, pero está fracasando en todo lo demás, Sánchez se echa a los brazos de EH Bildu sin sonrojo alguno, y lo hace obviando lo más básico: hay partidos con los que no se puede pactar nada mientras no colaboren con la Justicia, reconozcan el daño causado por sus adláteres y borren de sus listas y escaños a quienes fueron condenados por actos terroristas o por apoyarlos de forma directa. EH Bildu es el paradigma y el socialismo español siempre respetó esa línea roja, hasta que Sánchez necesitó violarlas todas para mantenerse en el poder.

La Ley de Seguridad Ciudadana tiene y tenía lagunas por excesiva en algunos aspectos concretos, pero detrás de la voluntad de los socios de Sánchez no está mejorarla, sino esquivarla. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vuelven a sentirse traicionadas para satisfacer el rencor o las aspiraciones de aquellos a quienes combatieron en una guerra que se firmó muchas esquelas sobre las que no se puede escupir. Toda satisfacción a EH Bildu es y será siempre indecente, como que esta formación marque el camino de la seguridad ciudadana.