El mundo está globalizado y lo que ocurre en el otro extremo del globo puede tener importantes consecuencias aquí. La renta de un agricultor cerealista en España no depende tanto de su buen hacer a la hora de cultivar como de los precios de los fertilizantes que llegan de Rusia o de la competencia del grano que desembarca en nuestros puertos procedente del otro lado del charco. En ese sentido, se espera un 2025 tenso, ya que el sector agroalimentario cambia de año con grandes inquietudes internacionales por el acuerdo con Mercosur, los miedos a las guerras comerciales con Estados Unidos o China y con esperanzas en el cambio de rumbo de la Unión Europea (UE).

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, ha señalado que 2024 ha supuesto cambios y que la incertidumbre continúa, con una «recolocación de la geopolítica y muchos conflictos abiertos». «Hay preocupación por una posible guerra comercial entre China y EEUU y otra incógnita, qué va a pasar con Mercosur, pero lo que inquieta no tiene por qué ocurrir», ha subrayado el ingeniero agrónomo y experto en PAC y mercados agrarios Tomás García-Azcárate.

El caso es que 2024 acabó con la firma del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el bloque de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), un pacto que rechazan los agricultores de la UE; se abre ahora un proceso de ratificación incierto, con Francia al frente de los países en contra. El acuerdo recoge concesiones al vacuno, al arroz, a las aves o al etanol de bloque sudamericano; al otro lado del charco, en la UE podrán verse beneficiados sectores como el del vino, el del aceite de oliva y el del chocolate.

El partido se juega fuera - Foto: Cézaro De LucaPor lo que se refiere a Estados Unidos, Donald Trump volverá a presidir el país este año y el sector teme sus amenazas arancelarias; actualmente la aceituna de mesa negra sufre esos gravámenes, que provienen de la anterior administración del multimillonario y que la Organización Mundial del Comercio ya declaró ilegales. En cualquier caso, los aranceles derivados del conflicto cruzado Boeing-Airbus se suspendieron en 2021 por cinco años y ahora hay temores de que se reactiven; llegaron a afectar a 113 productos agroalimentarios.

Ucrania y Brexit.

En febrero se cumplirán tres años del inicio de la guerra de Ucrania, primer proveedor de España de cereales y girasol. El secretario general de la patronal de comerciantes de cereales y oleaginosas (Accoe), José Manuel Álvarez, ha afirmado que lo que suceda en la zona del Mar Negro será la principal preocupación geopolítica porque «lo que ocurra allí» puede desencadenar una crisis alimentaria global.

Por otra parte, Ucrania ha iniciado las conversaciones para la adhesión a la UE, lo cual podría suponer un importante cambio si llegara a producirse. Si este país ingresara en el club comunitario, sus agricultores se verían obligados a respetar las mismas reglas del juego que ya están vigentes en la actual Unión Europea, lo cual, sin duda, beneficiaría a los profesionales del campo comunitario.

Por lo que se refiere al Brexit, este año está prevista la primera revisión del acuerdo de divorcio con el Reino Unido. Esto podría afectar -habrá que ver en qué sentido- a las relaciones comerciales con un territorio que constituye uno de los principales destinos de los productos agroalimentarios españoles.

En cuanto a los acuerdos comerciales entre España y Marruecos, en 2024 el Tribunal de Justicia de la UE los anuló, aunque el agrícola sigue vigente. COAG ya alzó la voz en su momento para exigir su derogación: «Si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede mantenerlo en vigor 12 meses para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos desapareciendo», denunciaban desde la organización agraria.

Preocupa también la reacción de China a los aranceles de impuestos por la Unión Europea a sus vehículos eléctricos, con investigaciones abiertas a productos europeos derivados de la leche y el cerdo. La ganadería porcina es una de las joyas del sector agroalimentario español y, así como China ha sido su principal cliente en los últimos años, puede convertirse en su principal problema en los próximos. En cualquier caso, esta rama productiva lleva tiempo preparándose para posibles situaciones adversas en ese mercado a través de la consecución de nuevos clientes, muchos de ellos vecinos geográficos del gigante asiático.

Unión Europea.

Las circunstancias de otros países del mundo influyen en la realidad agraria en España, pero donde sin duda se cuecen las normas que más afectan al sector es en el seno de la Unión Europea, para la cual el inicio de los debates para una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), una «racionalización» del Pacto Verde y otros guiños al campo destacan entre sus prioridades para el primer semestre de 2025, con Polonia (uno de los países que se opone al acuerdo con Mercosur) en la Presidencia del Consejo.

Para el actual semestre, el primero completo de la nueva legislatura de la UE, la Presidencia polaca ha incluido la agricultura y la alimentación entre las siete «dimensiones» vitales para reforzar la «seguridad» de la UE. Polonia ve importante, en su documento de prioridades, que la UE «refuerce la posición de los agricultores en la cadena de valor» de forma que tengan ingresos estables y una producción «competitiva y resiliente que proporcione seguridad alimentaria a los europeos». El Consejo iniciará el debate político que contribuirá a las primeras propuestas sobre el futuro de la PAC a partir de 2028, aunque al menos hasta el verano no habrá textos en firme; también este año se empezará a hablar sobre el marco financiero 2028-2034. Polonia aboga por una PAC «fuerte» y por «animar y no forzar» a los agricultores a proteger el medio ambiente y a prevenir las consecuencias del cambio climático, como las inundaciones y la sequía.

Está previsto que la Comisión Europea presente en febrero un informe con su visión sobre la agricultura y la alimentación, basado en el 'Diálogo Estratégico' mantenido con productores, expertos y actores de la cadena alimentaria durante los últimos meses de la anterior legislatura. Entre las prioridades de la presidencia sobresale la idea de «racionalizar» los objetivos y exigencias del Pacto Verde europeo -que provocó las protestas del campo- y de elaborar una arquitectura verde de la PAC «aceptable para los productores».

En desarrollo rural, la Presidencia polaca aboga por la llamada «lente rural», es decir, el mecanismo para verificar el impacto de otras políticas en la agricultura y la ganadería para obtener recomendaciones de cara al nuevo marco financiero. O lo que es lo mismo, que el campo deje de ser moneda de cambio en diversos acuerdos (Marruecos, Mercosur) y se le dé la importancia que verdaderamente tiene.

Respecto a la posible entrada de Ucrania en la UE, implicaría fichar a quien ahora es un competidor y convertirlo en un aliado, o al menos esa es la teoría. En cualquier caso, se espera que Polonia promueva revisar el acuerdo de libre comercio establecido con Ucrania -para facilitar sus exportaciones de grano, entre otras cosas- y que tanto daño está haciendo a los cerealistas españoles, según lamentan las organizaciones agrarias.

Por otra parte, la Presidencia quiere impulsar propuestas para aumentar el poder de negociación de los agricultores frente a los otros eslabones alimentarios; entre ellas, una regulación de la organización común de mercados y otra sobre prácticas trasfronterizas. Este semestre abrirá, además, un debate sobre las experiencias de los países para eliminar prácticas desleales en la cadena alimentaria y la revisión de la directiva en esa materia. Se supone que la Ley de la Cadena española es pionera y avanzada y, aunque aún hay que afinar mucho su funcionamiento, Luis Planas tendrá mucho que decir en este asunto.

El calendario incluye, asimismo, la revisión de la legislación del bienestar animal, tanto en el transporte del ganado como en la negociación entre el Consejo y la Eurocámara sobre una propuesta para regular el de los perros y de los gatos. Polonia aboga por considerar los avances científicos y tecnológicos pero «sin distorsionar la competencia dentro y fuera de la UE».

En cuanto a las nuevas técnicas genómicas, un arma sin la cual la agricultura comunitaria compite en desventaja frente a la de otras partes del mundo, la UE avanzará en el debate sobre su regulación. Actualmente la normativa las considera equivalente a los organismos transgénicos, pero hay voluntad de cambiar eso y posibilitar su utilización en los cultivos europeos. En este asunto los tiempos serán lentos, pero puede suponer un gran paso adelante para la sostenibilidad económica y medioambiental de la agricultura de la UE.

Por último, la presidencia polaca ha destacado la necesidad de que haya «igualdad en las reglas del juego» entre los productores agroalimentarios de dentro y de fuera de la UE, para que cumplan con los mismos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Es decir, en principio hay apoyo para las llamadas cláusulas espejo, pero además de apoyo lo que hace falta es verlas negro sobre blanco y funcionando.

En cualquier caso, lo que no se puede olvidar es que España es una potencia exportadora de alimentos y bebidas: entre enero y octubre registró un superávit de 15.360 millones de euros, un 27% más que en 2023. Esta realidad debería ser una acicate para que el Gobierno presionara en Europa para conseguir avances en los numerosos problemas que atenazan al sector primario.