El Gobierno de Hungría ha anunciado este jueves la futura salida del país de la Corte Penal Internacional (CPI), en un movimiento esperado que coincide con la visita oficial del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto.
El portavoz del Ejecutivo, Gergely Gulyas, ha explicado ante los medios que el proceso de retirada comenzará este mismo jueves.
El Estatuto de Roma contempla en su articulado la posibilidad de que un Estado miembro denuncie dicho tratado, si bien esta retirada no se haría efectiva hasta pasado un año de la notificación formal al secretario general de Naciones Unidas.
Hungría anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional - Foto: Bernadett Szabo, ReutersLa salida no exonera tampoco al país en cuestión de las obligaciones contraídas durante el tiempo en que formó parte de la CPI, un matiz que quedó en evidencia recientemente en el caso de Filipinas. El expresidente filipino Rodrigo Duterte, que rompió con la CPI en 2018, fue detenido en marzo de este año en virtud de una orden de arresto vinculada a los supuestos crímenes perpetrados durante su mandato.
"Obligación jurídica" de ejecutar las decisiones
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) recuerda a Hungría que tiene la "obligación jurídica" de ejecutar las decisiones del CPI, en relación a la visita del ministro israelí.
"La Corte depende de los Estados para ejecutar sus decisiones. Esto no solo constituye una obligación jurídica para con la Corte en virtud del Estatuto de Roma, sino también una responsabilidad hacia los demás Estados Partes", manifestó a la prensa un portavoz de la CPI, que aún no ha comentado el anuncio de hoy del Gobierno húngaro de retirarse de este tribunal.
En caso de dudas sobre su cooperación, los Estados "pueden consultarla de manera oportuna y eficiente", señaló el portavoz.
Y advirtió que "no les corresponde a los Estados determinar unilateralmente la solidez de las decisiones judiciales" de la Corte.
En este sentido, se remitió al artículo 119 del Estatuto de Roma, por el que se constituyó el tribunal, y que dice que "toda controversia relativa a las funciones judiciales de la Corte se resolverá mediante la decisión de la Corte".