La Audiencia Nacional ha reabierto la causa por el espionaje a los móviles de la titular de Defensa, Margarita Robles, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Una Orden Europea de Investigación (OEI), emitida por las autoridades judiciales de Francia, ha propiciado que el 'caso Pegasus' vuelva a estar encima de la mesa política para disgusto de algunos y regocijo de otros.

La investigación francesa incorpora informaciones recabadas por el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas, asociaciones gubernamentales y no gubernamentales... una completa lista en la que no faltan ministros del gobierno francés; y todo con el mismo software que en el caso español.

Desde el país galo se explica al juez José Luis Calama que se dirigieron a la firma israelí NSO, responsable del desarrollo y comercialización del software espía, y les facilitó cierta «información sobre sus operaciones y el proceso de control interno del programa». La cosa quedó ahí, porque la compañía hebrea negó cualquier espionaje y no acudieron a las posteriores citaciones judiciales, dejando esa parte de la investigación en el aire tras ampararse en la cooperación internacional entre países para seguir adelante.

El motivo que ha llevado ahora a Francia a pedir colaboración a España es que consideran probado que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una especie de infraestructura que podía usarse para atrapar varios números de teléfono. Por lo tanto, buscan contrastar las pistas encontrada en distintos terminales móviles para ver si es posible identificar una única fuente de infestación y acotar al culpable.

El asunto se pone interesante, y los distintos partidos políticos no han tardado en valorar la cuestión. La ministra de Defensa, Margarita Robles, una de las afectadas por el espionaje, quiere que se «llegue hasta el final» en la investigación del caso, garantizando que el Gobierno «va a colaborar con lo que sea necesario».

Desde Sumar respaldan la decisión de la Audiencia Nacional, y consideran que la trama Pegasus es un caso «gravísimo» que debe «investigarse».

La oposición del Partido Popular, por su parte, piden al ejecutivo de Pedro Sánchez la misma «transparencia» que ha habido en Francia, y que se pongan encima de la mesa todos los nombres. No en vano, la cuestión del 'caso Pegasus' afecta a cuestiones de seguridad nacional y compromete la libertad del jefe de Gobierno en política exterior.

La cooperación de Israel es básica para poder resolver los interrogantes, y su inicial absoluta falta de cooperación judicial no parece que vaya a mejorar con las condenas de Sánchez a su conflicto en Gaza contra los palestinos.