La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca una vez más, en su análisis sobre las cifras de empleados públicos, la alta tasa de trabajadores temporales en el sector, que motivó un toque de atención de las instituciones europeas y se espera solventar parcialmente con las numerosas ofertas de estabilización que propició la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Para Luis Álvarez, presidente de CSIF en Albacete, «la enorme temporalidad que sufre el sector público es una precariedad consentida y aumentada por los sucesivos gobiernos. No en vano, el 36% de los empleados públicos de la provincia tiene un contrato temporal; estamos hablando de uno de cada tres trabajadores públicos, una auténtica barbaridad».

«El argumento interesado de cifras récord de empleo público que algunos utilizan se convierte en una falacia con los datos en la mano; ni somos muchos ni estamos bien pagados, lo que es un récord es la precariedad en las administraciones públicas. El que acaba perdiendo siempre es el ciudadano, porque tener empleados públicos en situación de precariedad no es bueno tampoco para los servicios públicos» proseguía el representante sindical en su balance de la situación, destacando que «la temporalidad afecta a todos los sectores, pero de manera más flagrante en las administraciones locales, que se sitúa en el 56,4%, y en la sanidad, con el 51,2%, sin olvidarnos de que tenemos 1.391 docentes interinos».

En cuanto a cómo puede mejorar esa situación en los próximos meses, Álvarez explicaba que «a lo largo de este año tienen que estar finalizadas todas las ofertas públicas de estabilización, que permitirán convertir a gran parte del personal funcionario, estatutario y laboral con contratación temporal en personal fijo». 

«Sin embargo, para alcanzar el objetivo del 8% marcado ya en 2017, el camino es tremendamente largo», señaló también, mostrando su confianza en que se haga realidad uno de los últimos anuncios realizados José Luis Escrivá, ya que indica que «es preciso poner fin a la tasa de reposición, tal y como ya ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para 2025, y llevar a cabo ofertas de empleo público amplias. No es de recibo que las administraciones públicas abusen de la contratación temporal».