En el marco del evento Empuéblate. Soluciones contra la despoblación, una iniciativa de Eurocaja Rural, el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado el éxito del modelo de desgravación ante la despoblación, que ya beneficia a 89.000 personas en la región. Esta medida, con un coste total de 40 millones de euros, ha sido un gran paso para apoyar a quienes residen en zonas afectadas por la despoblación, sin ningún condicionante más allá de la estancia efectiva, es decir, estar empadronado en dichas áreas.
"Este modelo ha demostrado ser único, ningún otro territorio ha alcanzado estos números con un plan tan inclusivo y eficaz", señaló Martínez Guijarro. En la presentación, detalló que el 25 % de los beneficiarios son emprendedores, y destacó que el importe de la ayuda es mayor en las zonas de despoblación, donde puede alcanzar hasta el 40% del crédito.
El vicepresidente regional reconoció que la despoblación, junto con el envejecimiento de la población y la reducción de la población activa, sigue siendo uno de los mayores retos para la región. Sin embargo, hizo hincapié en los aspectos positivos del modelo: "En la práctica totalidad de las zonas afectadas, el saldo es positivo; más gente llega de la que se va", afirmó. También destacó que los nacimientos en 2024 han superado los de 2023, una señal positiva no solo para Castilla-La Mancha, sino para todo el país.
Además, Martínez Guijarro aseguró la despoblación es un reto que afecta no solo a Castilla-La Mancha, sino también a otras comunidades autónomas del centro del país, como Castilla y León, Aragón y La Rioja. "No podemos permitir que estos territorios, que rodean a Madrid, sigan siendo el núcleo de la despoblación. En el macizo ibérico, donde los problemas son más acentuados, necesitamos dar un paso al frente", afirmó.
Martínez Guijarro también subrayó la importancia de medidas como el "rural proofing", que se incluye en la ley regional a través del "informe de impacto demográfico". Esta herramienta permite que las políticas públicas se adapten a las realidades del mundo rural. En este sentido, abogó por la creación de un estatuto del pequeño municipio y por adaptar las legislaciones urbanísticas a las circunstancias particulares de estos territorios.
En cuanto a la financiación autonómica, alertó de que si no se ajusta el sistema de financiación de las comunidades autónomas, las políticas de despoblación no serán sostenibles a largo plazo. "Nutrir de servicios a las zonas rurales es mucho más costoso que en las urbanas. Por ejemplo, una tarjeta sanitaria en Molina de Aragón cuesta cinco veces más que en Guadalajara", explicó. En este sentido, insistió en que la financiación debe ser asumida por el conjunto del país, ya que las zonas rurales tienen un sobrecoste que debe ser reconocido y apoyado por todas las regiones.
"Tenemos que fomentar la cohesión territorial interna, no solo con la UE, sino también dentro de nuestro propio país. Vivir en el mundo rural tiene un coste adicional, pero quienes deciden quedarse allí tienen todo el derecho a disfrutar de los mismos derechos y servicios que en las ciudades", concluyó Martínez Guijarro, reforzando su compromiso con la lucha contra la despoblación y el impulso de las oportunidades en el mundo rural.