La polémica de los cañones antigranizo salta otra vez el límite entre Albacete y Murcia, según advirtió ayer la Asociación del Sureste contra la Manipulación del Clima, integrada por agricultores de secano de las dos provincias.

En un comunicado, sostienen que entre el viernes y el lunes pasados, justo cuando una DANA barrió el Sudeste, varias fincas de Yecla, Jumilla, Cieza y Tobarra los pusieron en funcionamiento, aunque  carecen de la autorización de la Confederación Hidrográfica.

«Nosotros tenemos constancia de unos 48 cañones entre ambas provincias, y en el caso de Tobarra  sabemos que hay al menos ocho, la cifra puede ser mayor»,  detallaba ayer a La Tribuna Joaquín Vizcaíno, vocal de la Asociación.

Vizcaíno, quien también es el secretario provincial de COAG en Albacete, recordaba que en una reciente reunión con el presidente de la CHS, Mario Urrea, quedó «muy clara» cual es, y no es, su situación legal y administrativa.

«El uso de los cañones es legal sólo si cuentan con la autorización expresa del organismo de cuenca», detalla, «y en el encuentro, Urrea dejó muy claro que estos cañones carecen del permiso, por tanto están en situación irregular».

Pero, 15 días después del encuentro, las explosiones rítmicas de acetileno, cada seis segundos,  se dejaron oír a ambos lados del límite provincial entre Albacete y Murcia «con total impunidad».

«Hablamos de cañones instalados en fincas grandes, que son propiedad de grandes empresas, tanto que les da lo mismo pagar las multas o no pagarlas, incluso sabemos de cañones móviles, montados en vehículos», señala.

El problema es que, siempre de acuerdo a la Asociación, los cañones se ponen en marcha no sólo para evitar el granizo, también con el más mínimo indicio de tormenta, aunque las nubes sólo sean de lluvia, lo que perjudica a los agricultores de secano, cuyos cultivos se frustran por falta de humedad.

«Entiendo que los cultivos que explotan son muy sensibles a los fenómenos meteorológicos extremos», concede, «pero no puede ser a costa de machacar a otros, debe haber sitio para todos».

Desde la Asociación, se recuerda en un comunicado que, además, existen sistemas menos agresivos, como las mallas antigranizo, que estas grandes empresas agrícolas se pueden permitir y que no perjudican a terceros.