Mismo diagnóstico, diferentes conclusiones. La Unión de Pequeños Agricultores hizo ayer balance de lo que fue el año 2024 para el sector agrario y el panorama que describió no fue muy distinto del que Asaja hizo el jueves, un día antes.
Donde hubo divergencias fue en las soluciones, especialmente en dos puntos: los efectos de la lista de 43 medidas que se pactaron con el MAPA tras las movilizaciones de febrero, y los pasos a dar tras el preacuerdo con Mercosur.
En una rueda de prensa celebrada ayer en la sede de UPA-Albacete, el secretario general de la organización en Castilla-La Mancha, habló de la crisis estructural de pecios y costes, de la burocracia y de las normas que asfixian al campo.
Habló, como es lógico, del mes de febrero, cuando una cadena de movilizaciones, unas organizadas, otras no tanto, bloquearon el país durante semanas. Pero también se refirió al acuerdo con el Ministerio que les puso fin, firmado por UPA.
«Entre las 43 medidas, están la flexibilización de la PAC, volver voluntario y no obligatorio el cuaderno digital, o la reducción o adaptación a nuestra realidad de alguinos eco-regímenes, para que el agricultor pudiese optar a las ayudas».
Destacó la eliminación o modificación de varias normas fiscales, lo que se ha traducido en la exención de 326 millones de euros en la renta, con reducciones del coste de los carburantes de un 35% o de un 15% para fertilizantes.
Otro avance es el aumento en 315 millones de euros de los presupuestos asignados al sistema de seguros agrarios, o que se pongan 800 millones para mejorar la financiación de créditos a jóvenes agricultores o empresas cooperativas.
En el capítulo del comercio exterior, Morcillo celebró la puesta en marcha de un proyecto piloto en el puerto de Algeciras, por el que el Ministerio de Agricultura «lleva la batuta» en las inspecciones de importaciones agroalimentarias.
«Son inspecciones más simples y eficientes, que eliminan mucha burocracia», destacó, «y a la vista del resultado de este proyecto piloto, esperamos que este nuevo sistema se aplique a partir del 20 de enero en todos los puertos».
En cuanto a Mercosur, adoptó una postura crítica «porque lo han firmado sin nosotros» pero a la vez prudente «porque aún no tenemos el detalle de lo que se ha firmado, sólo las líneas maestras».
Hay dos motivos más para la prudencia. Primero, porque el balance comercial con los países de Mercosur «es positivo, a nuestro favor» y, segundo, «porque no creemos en una guerra de aranceles; estos países consumen cada vez más vino y aceite y, en cuanto a los herbáceos, lo que más nos venden es soja, que aquí es casi residual».
Apicultores. En la sede de UPA-Albacete, además de Julián Morcillo, comparecieron representantes de la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete (Asapa), encabezados por su presidente, Ricardo Ortega.
A su juicio, la apicultura pasa por un momento difícil, «pues la miel se vende a 2,70 o 2,80 euro, frente a un coste de producción de más de cuatro euros», lo que hace imposible la actividad de sus cerca de 300 integrantes.
«Vivir por debajo de los costes de producción es imposible», recordó Ortega, pero es «muy importante proteger las colmenas por el valor añadido de biodiversidad y polinización que suponen».
El problema es que tras el el pacto con Mercosur «países como Argentina y Uruguay, que exportan miel mucho más barata pero de buena calidad, podrían convertir esta situación ya crítica en algo mucho peor». P
Por esta causa, desde UPA defienden la puesta en marcha de medidas compensatorias para los sectores que, como la apicultura, resulten perjudicados por el acuerdo.