La tan traída y llevada tasa de cajeros automáticos que el Ayuntamiento de Madrid pretendía cobrar a las entidades bancarias, la pagan las entidades bancarias en Albacete desde hace 12 años. Y no solo en Albacete, un buen número de ayuntamientos de España ingresan en sus arcas un buen puñado de euros por este concepto.

La polémica suscitada en Madrid por este tributo municipal ha llevado a la alcaldesa Manuela Carmena a rectificar a su propio concejal de Hacienda; en la capital de España los cajeros automáticos no pagarán tasa alguna, ha dicho Carmena que por ahora no quiere ni oír hablar de cobrar nuevas tasas. Y es que la patronal bancaria andaba molesta con esta nueva obligación tributaria. La Asociación Española de Banca argumentó para oponerse a este tributo que la tasa sobre los cajeros terminaría perjudicando a los clientes.

Lo cierto es que esta obligación tributaria lleva en vigor en la ciudad de Albacete desde hace mucho tiempo. Aunque hay que decir que a los bancos tampoco les vino nada bien tener que ingresar una tasa en las arcas municipales por el beneficio que les supone dar este servicio desde la calle.

En 2003 cuando se les pasó la primera factura por tener cajeros en la calle, el Ayuntamiento de Albacete cobraba 108 euros por cada uno de ellos. Hoy, la tasa alcanza a 584,18 euros por cada cajero automático al que se acceda desde la acera, quedan exentos aquellos instalados en terrenos de la propiedad entidad bancaria.

Algunas entidades financieras trataron de tumbar en los tribunales este tributo municipal sin conseguirlo. Los juzgados terminaron respaldando al Ayuntamiento de Albacete. Los bancos argumentaban que un cajero automático situado en la fachada de un inmueble particular no suponía ocupación ni aprovechamiento alguno de la vía pública y, por tanto, no se les podía cobrar por este concepto. Los magistrados, sin embargo, opinaron que no se podía ejercer este tipo de actividad bancaria sin aprovecharse de las vías públicas, aunque eso sí, especificaban en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en 2005, que esto sucedía cuando los cajeros están ubicados en la línea de fachada con las calles y no cuando se encuentran en el interior de las mismas. Decían los magistrados que puesto que son las entidades financieras las que obtienen un beneficio por esta actividad, y no el ciudadano que los utiliza, eran ellas las que tenían que soportar esta tasa. Con este respaldo legal, el Ayuntamiento continuó cobrando este tributo. En 2014 las arcas municipales ingresaron 29.200 euros por los 49 cajeros con acceso desde la acera que había operativos. O lo que es lo mismo, esta actividad deja en el erario público 80 euros diarios. Este año, el Ayuntamiento prevé ingresar unos 35.000 euros.