Casi 24.000 personas  (23.726) arribaron de forma irregular en las costas españolas en los primeros seis meses de 2024. Una cifra de llegadas por vía marítima que casi duplica a la registrada en el mismo período del año anterior (12.192). Esa es la radiografía de la inmigración ilegal en la actualidad en España. Una situación acuciante que no tiene visos de aliviarse y en la que, como muchos apuntan, lo peor estaría por llegar. 

Ya lo apuntó esta semana el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, al advertir que habría unas 70.000 personas «que están esperando en la costa africana para pasar a las Islas Canarias». «Hay que utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para evitar que inicien esa travesía que va a poner en riesgo sus vidas», manifestó el político del PP.

Y es que, como aseveró, «la realidad de los menores no acompañados y la inmigración irregular en la España de hoy es un problema real». Uno que, añadió, «probablemente en los próximos años se va a incrementar» y ante el que, ahora mismo, solo parece haber dos posturas: por un lado, la del Gobierno «de inacción y buenismo, de no hacer absolutamente nada»; y por otro, la «maximalista de Vox», de rechazo y amenaza.

Las palabras del dirigente popular llegaron en un momento de máxima tormenta política en torno a este asunto. Los de Alberto Núñez Feijóo han puesto el foco en la cuestión y exigen una respuesta «global» que vaya más allá del reparto de los menas, en el que incide el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y del «populismo» del que, denuncian en Génova, hace gala la formación de Santiago Abascal y que, de hecho, les llevó finalmente a romper sus pactos de gobiernos autonómicos con el PP.

Los populares creen que la solución pasa por pedir ayuda a Europa («lo que hace Feijóo desde la responsabilidad es lo que Sánchez debería haber hecho ya y no hace», apuntó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra) y, como reclamó su portavoz parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, desplegar a las Fuerzas Armadas para defender las fronteras e impedir la llegada de cayucos al país.

En Génova, ese uso de buques militarres para combatir la inmigración ilegal se defiende como una medida con «efecto disuasorio y preventivo» frente a las mafias que trafican con estas personas. Además, destacan que el Gobierno ya ha recurrido a este tipo de iniciativas con anterioridad.

En concreto, Sánchez mandó al menos cinco veces a la Armada a disuadir pateras desde 2022, pese a que ahora todo el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios critican enérgicamente esta propuesta, acusando al PP de «girar hacia la ultraderecha» y «copiar» a Vox.

Así, el pasado junio llegó a Cartagena tras una misión de casi cinco meses el buque Furor, enviado en febrero a patrullar las aguas del Golfo de Guinea y el África Occidental. En este trayecto, ejerció tareas de vigilancia en el litoral de Mauritania, lugar de origen de buena parte de los inmigrantes irregulares que llegan por mar a las costas de Canarias.

Estas naves militares están diseñadas para dar «seguridad marítima en escenarios de baja intensidad, con capacidad de disuasión y reacción ante amenazas asimétricas o convencionales, y por otro, de protección de los intereses marítimos nacionales», como indica el propio Ministerio de Defensa. Además, el departamento que dirige Margarita Robles destaca que colaboran «en misiones de vigilancia, salvamento, ayuda humanitaria, lucha contra el tráfico ilegal y  la contaminación marítima».

No fue este el único buque desplegado por Sánchez. En octubre de 2023, en plena oleada de llegada de pateras a las costas de Canarias, Defensa envió al archipiélago al Meteoro para efectuar acciones de «vigilancia» en la zona y provocar fundamentalmente, como se explicó entonces, un «efecto disuasorio» ante las pateras de sin papeles fletadas por las mafias. 

Pese a los antecedentes, en el PSOE arremetieron contra los populares por lanzar este planteamiento y su portavoz en el Congreso, Patxi López, llegó a decir que «¿qué sería lo siguiente? ¿bombardear a los cayucos?». De hecho, las propias Fuerzas Armadas se mostraron disconformes con la idea, señalando que, al menos por ahora, la lucha contra la inmigración irregular debería seguir en manos de los cuerpos policiales y no convertir esta materia en una cuestión política. 

Solo en el caso de que el problema afectara a la seguridad nacional, es decir, si algún país utilizada a los sin papeles para desestabilizar a España, la intervención del Ejército si estaría más que justificada, zanjaron. Esta vía podría articularse a través de un acuerdo o convenio como el que tienen los ministerios del Interior y Defensa para que las Fuerzas de Seguridad recaben, como ya se hace en la lucha contra el narcotráfico, la ayuda de la Armada o de los medios del Ejército del Aire para interceptar embarcaciones con droga.

Por otra parte, desde el departamento del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska resaltan la importancia del trabajo con los países de origen y tránsito para frenar las llegadas masivas. Aseguran, según los datos que maneja el Ministerio, que esta acción evita entre un 35 y un 45 por ciento de las salidas de indocumentados.

Reparto de los menas

Dentro de la cuestión migratoria, el reparto de los menores no acompañados que consiguen alcanzar las costas españolas se situó esta semana en el centro del debate político. El Gobierno y las comunidades abordaron el tema en una reunión celebrada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife, que concluyó con la aceptación por parte del PP de acoger en las autonomías que gobierna a 400 menas, como ya se había comprometido con el Ejecutivo central el pasado octubre.

Moncloa quiere que las regiones bajo el mandato popular asuman su responsabilidad, pero obvia que Cataluña exige no acoger a nadie o, cuanto menos, no hacerlo gratis. En Génova apuestan, en cambio, por el reparto equitativo entre todas las comunidades, aunque con la ayuda de un fondo económico de contención aportado por el Estado para dotar de los recursos necesarios estas acogidas. 

Pendiente de estudio quedó, no obstante, la propuesta que llevó a Tenerife el Gobierno para reformar la ley de Extranjería. El Gabinete de Pedro Sánchez aspira a poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la autonomía a la que se traslade desde Canarias, Melilla y Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones

Según el texto de esta iniciativa, esta situación se dará siempre que se produzca una sobreocupación del 150 por ciento respecto del número de plazas disponibles en el sistema de protección de menas. Eso sí, este plan no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo el reparto.

Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación, una situación que ya se produce en estos momentos. Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249.

Además, según la propuesta del Gobierno, habría un período transitorio para el traslado de menas a otras regiones que no podría exceder el año desde su llegada.