Un asunto polémico. Miguel Pérez Arroyo, quien fuera abogado del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, aseguró que la justicia española anuló la orden de detención que pesaba sobre él.
Cabe recordar que Pérez Arroyo fue detenido por la Interpol por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de la capital, aunque fue puesto en libertad a las pocas horas.
En este sentido, y según publicó este diario, cabe recordar que se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, y un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.
Además el fiscal también solicita una responsabilidad civil, a través de indemnización. Por estos hechos, la Fiscalía Provincial pide 10 años de prisión y 18.000 euros de multa para el exabogado de Fujimori.
A través de las redes sociales -el popular letrado peruano es muy activo-, Pérez Arroyo explicaba en su última entrada, fechada el 12 de septiembre, que «ante las noticias por todos conocidas de abuso y arbitrariedad, de mi detención por algunas horas, debido a una nota roja de Interpol, mis compañeros y amigos letrados españoles -y cita a Nicolás González Cuéllar Serrano y Miguel Ruescas Pérez-, hicieron las solicitudes certificadas de las actuaciones procesales pertinentes que demostraban la absoluta verdad de mi dicho, motivo por el cual la pesadilla por todos conocidos duró apenas unas horas».
A su vez, señaló el abogado que en dicho escrito «se dejó claro que dichas copias certificadas debían servir para encontrar al o los responsables del error administrativo de consignar datos falsos en dicha hoja de requerimiento».
En este sentido, el letrado se refiere indirectamente a La Tribuna de Albacete, al recordar que un diario se hizo eco «de mi legítimo reclamo y mi protesta ante dichos errores por los que los responsables de tamaña negligencia, por decir lo menos, debían pagar incluso con su destitución».
Una notificación. Pues bien, Pérez Arroyo explica que el 12 de septiembre sus «compañeros letrados españoles, de muy reconocido prestigio internacional», le hicieron llegar una notificación «en donde las autoridades españolas, reconociendo implícitamente su error, declaran nulas todas las actuaciones procesales y medidas de aseguramiento contra mi persona y dejan sin efecto la solicitud de detención internacional, con datos falsos incluidos y que, erradamente sirvió de base para que ocurran los hechos por todos conocidos y que duró, a Dios gracias, solo unas horas».
Según informó hace sólo unos días este periódico, la Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado la prescripción del caso hasta en dos ocasiones, concretamente en 2017 y 2018 y según la información recabada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el procedimiento sigue estando pendiente de la celebración del juicio, ya que desde el año 2015 constan en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete al menos tres señalamientos para la celebración del juicio, que como es lógico hasta ahora no se ha podido celebrar por la imposibilidad de localizar al acusado, Miguel Pérez Arroyo.
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