Una vez finalizado el pleno, en el que dio salida a la reforma del Estatuto de Autonomía para que viaje alCongreso de los Diputados, el PSOE registró en las Cortes regionales un escrito en el que solicita la dimisión de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. La oposición argumenta que en la sesión de investidura de la presidenta, celebrada en junio de 2011, la presidenta «se comprometió a reformar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha con el consenso y el diálogo que hace falta para tener en este tema, y también con la participación de todos los agentes sociales y de todo tipo».

En esa misma sesión de investidura, el PSOE recuerda que Cospedal también manifestó lo siguiente: «Lo justo es que gobierne quien gane las elecciones y que no tengamos una ley que puede permitir que quien no gane gobierne, creo que eso no es justo, francamente».

Sin embargo, y a pesar «de la promesa de abordar de forma consensuada» una reforma electoral, «la mayoría del Partido Popular en  la Mesa de las Cortes calificaba el 5 de abril de 2012 una iniciativa, propuesta de forma unilateral por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la nueva Ley Electoral en la región», que aumentaba el número de diputados, pasando de 49 a 53 escaños.

No obstante, sigue el comunicado entregado por el PSOE a los medios de comunicación, «cuatro meses después usted presenta otra reforma electoral para reducir a la mitad el número de diputados, modificación que dejaba a éstos también sin la posibilidad de dedicarse a la actividad parlamentaria de forma exclusiva».

Por ello, al «incumplimiento» de su palabra de pactar la reforma de una de las «vigas maestras de la arquitectura institucional» de Castilla-La Mancha, como es el Estatuto y la Ley Electoral, «como indican el sentido común y el respeto al juego limpio que deben guiar una modificación legal de este calado, se unen las gravísimas acusaciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la financiación irregular del partido de Castilla-La Mancha y el cobro de sobresueldos procedentes de comisiones ilegales a cambio de contratas públicas por parte de algunos dirigentes de su formación».

Para la oposición, es «inaceptable» que estas denuncias estén salpicando «el buen nombre» de la comunidad autónoma.  «Es inadmisible e injusto que los ciudadanos vean como en los últimos días, Castilla-La Mancha esté siendo asociada en los principales medios de comunicación nacional e internacional a los gravísimos delitos que afectan a la presidenta de la región y a su partido. Castilla-La Mancha no puede soportar esta situación ni un minuto más por su culpa», sigue el comunicado. «Los ciudadanos exigen respuestas claras, rápidas y contundentes. Los ciudadanos exigen la verdad», concluye el PSOE.

El portavoz socialista, José Luis Martínez Guijarro, ante los medios de comunicación, exigió a Cospedal que explique dónde están «los 200.000 euros que el PP regional recogió del señor Bárcenas». Para la oposición, la solución es «muy sencilla»: «Sólo tiene que decir qué se pagó con esos 200.000 euros o dónde están», dijo.