El vino no atraviesa su mejor momento. La caída de la demanda, salvo ligeros repuntes muy ocasionales, es imparable. Las exportaciones se hallan estabilizadas. Y a pesar de las reducciones de superficie se produce un aumento de las producciones medias, como es el caso de la vendimia actual, que cerró con un volumen de entre los 37 y los 38 millones de hectolitros.
En el sector en general, pero sobre todo en las zonas más excedentarias, que no son siempre las de mayor producción, como sería el caso de Castilla-La Mancha, se habla de crisis. Y todo ello ha dado lugar al desarrollo de un debate entre los viticultores sobre la necesidad de acometer actuaciones para ajustar el potencial productivo a las cifras del consumo. El debate ha derivado, por el momento, en un nuevo motivo de choque entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el sector vitivinícola. En el eje de esta discusión se halla la política de arranques de viñedos para la que los viticultores reclaman subvenciones, al igual que se hace en otros países como Francia; y por el otro lado la postura del ministro, denuncia COAG, de descartar, de entrada, los apoyos estatales para esa medida.
En la otra parte del sector, las bodegas que adquieren las uvas tampoco son ajenas al debate y se rechazan los arranques como instrumento para reducir la oferta abogando por unas políticas más flexibles para no encarecer más la materia prima.
En España, la superficie de viñedos se ha ido reduciendo en las últimas décadas desde más de 1,2 millones de hectáreas hasta las actuales 914.000, bien por su baja rentabilidad, por el cese de actividad por edad de miles de profesionales o por las ayudas para los arranques, que no son solo de hoy. A pesar de ello, por el mejor laboreo y el cambio a variedades más productivas, las cosechas se han ido incrementando hasta una media de unos 40 millones de hectolitros, con oscilaciones desde los 32 a los 45 millones. Frente a esta evolución de la oferta causada fundamentalmente por los mayores rendimientos, la demanda de vino para con su consumo directo ha ido cayendo en el mercado interior hasta menos de 10 millones de hectolitros y se registran unas exportaciones también a la baja de unos 20 millones.
En medio de esta situación por la que atraviesa el vino, las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG plantearon ya al Ministerio de Agricultura el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la vendimia, la necesidad de poner en marcha un plan de medidas encaminado a limitar el potencial vitivinícola para ajustar la oferta a las posibilidades de la demanda, tanto en el mercado interior como en las ventas en el exterior, ante la evolución a la baja del consumo en todo el mundo. Con estas medidas se trataría de lograr una mayor rentabilidad para los viticultores, que han recibido precios reducidos en los últimos años al ser el último eslabón de la cadena y sufrir la presión de las bodegas para disponer de una uva barata y competir ante la gran distribución. El objetivo final del sector era asegurar el futuro de la actividad de los viticultores.
En el eje de la propuesta, apoyada igualmente por la interprofesional, se halla una política de subvenciones para incentivar los arranques de viñedo, con diferentes opciones para los viticultores en función de si los arranques son definitivos o con posibilidades de replantación a medio y largo plazo. La iniciativa contempla igualmente no conceder autorizaciones para nuevas plantaciones. En la misma línea de ajuste, ya existen además los controles y limitaciones de las producciones de uva por hectárea según territorios entre los 18.000 y los 20.000 kilos y de los rendimientos de vino en bodega a poco más del 70%.
Frente a estas propuestas, COAG señala su sorpresa e indignación por la postura de Agricultura de no apoyar con fondos estatales las políticas de arranques, lo que supondría el abandono de unas 95.0000 hectáreas, el 10% de toda la superficie de cultivo, sin ninguna ayuda. UPA llega calificar la medida como de arranque social por lo que supondrían las ayudas para la actividad de los viticultores más pequeños, jubilados o en precario, asfixiados por los precios y por las condiciones climáticas.
Ajustar oferta y demanda.
Para la ejecución de este plan, las organizaciones agrarias abogan por la necesidad de negociaciones con todas las administraciones. Desde el sector se apunta que no se trata de ir a unos arranques masivos, sino de adoptar decisiones en función de las circunstancias de cada zona por el tipo de oferta de uva como materia prima, o de los vinos que se comercializan. En este sentido destaca el actual incremento de la demanda en los vinos blancos, así como en los tintos más jóvenes y de menor graduación, pero sin olvidar igualmente lo cambiante de las tendencias.
Esta preocupación por la necesidad de ajustar la oferta a la demanda no sucede solamente en España. Por ir a lo más cercano, en Francia existe un plan en zonas de mayor producción y calidad para arrancar unas 30.000 hectáreas, el 5% de la superficie, a razón de 4.000 euros por hectárea hasta un total de 120 millones que aportarán las arcas del Estado.
A escala mundial, la situación no es más optimista con la demanda en caída libre hasta los 221 millones de hectolitros, que suponen la cifra más baja de las últimas décadas. En el caso de España la demanda cayó a unos 26 litros por persona y año, cifra que contrasta con los 46 litros de media de Italia, los 42 de Francia o los 50 del Vaticano, no por la celebración de misas, sino por el sexo y la edad de sus habitantes.
Junto a las actuaciones para limitar el potencial productivo, desde ASAJA se destaca que la salida pasa también por iniciativas que potencien la demanda en todos los mercados, nacionales e internacionales, con una oferta adecuada a las tendencias y gustos de los consumidores, sin olvidar la importancia de ajustar los precios, fundamentalmente en la venta minorista en la restauración donde, en muchos casos, suponen un freno para su consumo, especialmente por parte de la población más joven.