La Consejería de Educación, a través de la dirección provincial del área en Albacete, constató, en el último año, hasta cuatro casos de acoso escolar en colegios o institutos albacetenses.

Estos son los casos en los que se confirmó que, efectivamente, se daba una situación de acoso escolar -entre iguales, es decir de unos alumnos a otros compañeros del mismo centro- aunque el protocolo se activó en otras tantas ocasiones más, al menos en otras cuatro.

Así lo detallaron desde la dirección provincial de Educación, al frente de la cual trabaja el socialista Diego Pérez.

Recordaron que la Consejería de Educación tiene un protocolo que se activa cuando se detecta un problema de acoso escolar -principalmente entre iguales- aunque también se pueden atender casos de conflictos entre padres y alumnos o de violencia de alumnos a sus profesores.

El protocolo se puede activar cuando los docentes detectan una situación de estas características o si las familias o algún compañero da la voz de alarma. De hecho, en este curso, en varios institutos se ha puesto en marcha un programa para concienciar a los alumnos de la importancia de denunciar este tipo de situaciones.

Los expertos como desde la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) -que dispone de un teléfono de atención a estos casos en todo el territorio nacional- advierten que los casos de acoso escolar suelen presentar ahora «más violencia». Y lo atribuyen, como lo explicó la psicóloga de la citada entidad, Diana Díaz, al auge del dominio de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, así como de los programas de mensajería instantánea a través del móvil, «que hacen que el acoso pueda darse ahora las 24 horas del día y todos los días del año», ya no solamente cuando los menores acuden a las aulas, como sucedía antes del avance de esas nuevas tecnologías.

Colaboración. La preocupación por los problemas de convivencia que se generan en las aulas y los inconvenientes que puede tener el mal uso de internet o las redes sociales han hecho avanzar en la colaboración entre la comunidad educativa y las fuerzas de Seguridad para tratar de acabar con estos conflictos.

En este sentido, cabe recordar que tanto la Guardia Civil de Albacete -en el caso de la provincia- como la Policía Local -en la capital- colaboran con colegios e institutos impartiendo charlas en las que alertan del riesgo del mal uso de las redes sociales o de los programas de mensajería a través del teléfono móvil.

El jefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez, recordó, a este respecto, que «a través del programa de conferencias ‘Vívela’ tratamos de concienciar a los estudiantes de la importancia de usar bien las redes sociales». Además, indicó que la Policía Local realiza en sus propias redes sociales «anuncios constantes recordando a los menores que si tienen cualquier problema de este tipo pueden recurrir a nosotros».

El curso pasado, cientos de alumnos de distintos centros de la capital asistieron a estas charlas, que se imparten también en este nuevo ejercicio.

Desde la institución del Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril, también mostraron recientemente su «temor» por el aumento en el número de episodios de acoso escolar y recordó que, en 2015, inició actuaciones de oficio ante el Ministerio de Educación y las distintas comunidades educativas para «conocer la incidencia actual de este problema» en cada ámbito. Con ello quieren elaborar un mapa de la situación en cuanto a los problemas de convivencia escolar y «tratar de contribuir a la mayor efectividad de las políticas y estrategias hasta ahora aplicadas en la prevención y corrección de violencia en el ámbito escolar».

Un aspecto en el que también quieren profundizar desde la Junta de Comunidades. En este sentido, informaron de la revitalización del Observatorio Regional de Convivencia Escolar, que en febrero volvió a constituirse, con el fin de revisar su reglamento interno y elaborar propuestas para la mejora de la convivencia.

Desde este organismo regional quieren desarrollar «actuaciones encaminadas al fortalecimiento de la igualdad y de la convivencia», como lo ponen de relieve en el portal de Educación de la Junta de Comunidades, donde recogen cada acción de esta entidad.

servicio específico. En relación con los problemas de convivencia en las aulas, el sindicato de docentes ANPE dispone de un teléfono de atención al profesorado.

Desde que la Junta de Comunidades creó un servicio común para atender los casos de acoso escolar -que funciona en colaboración con el servicio de Emergencias del 112 y las fuerzas de Seguridad- ANPE mantiene este teléfono de atención para aquellos casos en los que los problemas de convivencia los padecen los docentes.

En el último curso, desde este servicio atendieron 53 casos en todas Castilla-La Mancha, de los que 10 fueron en la provincia de Albacete. Al exponer los datos, desde ANPE Albacete indicaron que «la mayoría de los conflictos vienen por los padres».

En este sentido, cabe indicar que ANPE elaboró sus propuestas a la Consejería de Educación para incluir en el protocolo de actuación en casos de maltrato escolar entre iguales. Y aquí incidían en la importancia de «diseñar un decálogo del buen uso del whatsapp de padres y madres», como lo indicó el responsable de Comunicación de ANPE Albacete, Manuel Tébar. Precisamente, en esos grupos de whatsapp de padres y madres es donde los sindicatos de docentes vienen advirtiendo que surgen ciertos problemas de convivencia en los últimos años.

Entre los aspectos que los representantes de los docentes consideran «clave» para reducir los problemas de convivencia en las aulas  también indicaron la definición de un protocolo «claro y sencillo por el que el alumno pueda denunciar los casos de acoso de forma segura, fortaleciendo su seguridad y anonimato». También pidieron un protocolo de denuncia para docentes y otro para cuando son los padres los que ponen el caso en conocimiento de las fuerzas de Seguridad o de la comunidad educativa.

Desde todos los ámbitos se aboga también por la «sensibilización» y la «formación» como paso «importante» para erradicar los problemas de convivencia y que los casos no se vuelvan graves.