El Gobierno ha decidido conmemorar el cincuentenario de la muerte del dictador Francisco Franco con un centenar de actos que se celebrarán durante todo el año bajo el lema de 'España en libertad', lo que ya connota el escaso rigor y el exceso de oportunismo político de la propuesta.

Hay suficientes razones para recordar la muerte de Franco y para condenar los cuarenta años de ausencia de libertades civiles y políticas en España y la dura represión de cualquier movimiento democrático, pero sería deseable que las aproximaciones que se formulen a la memoria histórica se realicen con ánimo reconciliador y apelando a la mayoría y no por intereses políticos partidarios y cortoplacistas. Flaco favor se le hace cuando eso ocurre.

La muerte del dictador pudo suponer una esperanza de cambio, pero en ningún modo la llegada de la libertad, tal y como atestiguan sucesos como los de Elda o Vitoria. El Gobierno que ahora impulsa la celebración, hace pocos años reconocía el déficit democrático de este tiempo cuando retrasaba en su Ley de Memoria Democrática el fin de la Transición – y la llegada de la plena libertad- a 1983. Esta incoherencia en apenas dos años habla de forma elocuente de lo acomodaticio que es el recuerdo del Consejo de Ministros y de lo escandaloso que supone que quienes más han sangre han derramado contra la Constitución española dicten ahora el marco democrático oficial.

1975 puede considerarse el inicio de la Transición y merece ser conmemorada, pero el Gobierno debería empezar haciendo pedagogía entre sus propios socios que se empeñan en reprobarla y en cuestionar el denominado 'régimen del 78', sin que paradójicamente se sientan deslegitimados para cogobernar o conformar mayorías en las instituciones que emanan de la Constitución. Sin el muro que se empeñó en levantar hace año y medio, Pedro Sánchez podría haber intentado trabajar en un relato compartido basado en la condena al franquismo, la reparación de las víctimas y la exaltación de los valores de acuerdo, concordia y tolerancia. El PP debería haberse encontrado también en ese esfuerzo. Es evidente que no es así y que la Memoria es hoy un ariete político con el que arremeter.

Por eso es intolerable implicar en una estrategia partidista y divisiva a la Corona, una de las pocas instituciones que resiste la corrosión del Gobierno de Sánchez, sin importar el daño que se hace a la arquitectura constitucional y a la legitimación cotidiana del sistema democrático.

En España, existe una fecha consensuada sobre la Memoria Democrática, el 6 de diciembre de 1978, fecha en la que los españoles respaldaron por amplia mayoría en referéndum la Constitución. Curiosamente, es una efeméride que ponen en cuestión los aliados del Gobierno que evitan celebrar el inicio de la Democracia y que, paradójicamente, se disponen a conmemorar con ilusión la dictablanda de Arias Navarro.