El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llevado 10 medidas en materia de vivienda a la Conferencia de Presidentes en Santander. Page ha presentado a los líderes territoriales sus propuestas en dicha cuestión, fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que son las mismas que presentó a Pedro Sánchez en su reunión en La Moncloa.

Entre todas las cuestiones, el líder del Ejecutivo defenderá un Pacto de Estado en materia de vivienda para "aunar mayor consenso" del existente con la Ley de Vivienda, ha explicado a los medios de comunicación el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Disponibilidad del suelo. Castilla-La Mancha reclama modificar la Ley de Suelo para dinamizar la obtención del suelo necesario, tanto público como privado, para la construcción de la vivienda que hace falta.

Pide realizar un inventario "urgente" de los suelos de las distintas administraciones para ponerlos a disposición de promotores públicos y privados para la construcción de vivienda asequible. Dichas viviendas a precio asequible estarán fijadas por la Administración, al igual que el ingreso máximo de las personas para acceder a las viviendas.

Agilización de las licencias. En materia normativa, exigen aprobar "lo antes posible" la modificación de la Orden ECO, con el fin de agilizar las concesiones de licencias y habilitar e implantar la revisión de los proyectos por técnicos externos habilitados (ECUS), para desbloquear las licencias municipales.

Mano de obra. Apuestan por la industrialización para cubrir la falta de mano de obra especializada y acortar los plazos de ejecución de la obra, además de potenciar la Formación Profesional destinada a la edificación.

Financiación. Estiman en 4.000 millones la financiación que deben tramitar los bancos coordinados con el ICO para financiar la promoción de vivienda en alquiler y acelerar el proceso. También quieren habilitar más licencias ICO, con la colaboración de Europa, para conseguir los recursos necesarios y a precios asumibles.

Nuevo plan de vivienda. Por el lado de la oferta, impulsando la promoción de todo tipo de viviendas, con una regulación flexible adaptada a la realidad actual, con programas de incremento de oferta de vivienda asequible con protección pública y ayudas a la gestión y urbanización del suelo, tanto público como privado.

Por el lado de la demanda, recuperar las ayudas a la entrada para compra de primera vivienda y préstamos ICO, mantener las ayudas al alquiler con un programa específico para mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad, introducir programas de ayuda al alquiler con opción a compra y adquisición de vivienda protegida y el fomento de la rehabilitación integral de viviendas y barrios.

Colaboración público-privada. Ponen el debate en los concursos de suelo público de las administraciones, quieren sacarlos urgentemente y ponerlos en manos de "todo tipo de agentes" para la edificación.

Fiscalidad. Reclaman medidas fiscales directas y de inmediata puesta en marcha que favorezcan tanto la construcción como el acceso a la vivienda. Desde reducciones de IVA e impuesto de Sociedades hasta el impuesto de transmisión patrimonial.

Seguridad jurídica. Llevar a cabo la modificación de la Ley del Suelo para otorgar "seguridad" en la tramitación de planes y frenar "la parálisis de procedimientos por defectos subsanables" o por razones contra el interés general.

Seguro nacional por impago. De manera voluntaria, las administraciones decidirán si incluyen este tipo de seguros por impago, desperfectos y defensa jurídica en las viviendas a cambio de limitación de precios del alquiler para particulares.

El aumento de la seguridad jurídica de los propietarios frente a posibles impagos y desperfectos "supondría una garantía en el sector "que incrementaría la oferta de vivienda privada en régimen de alquiler a precios asequibles.

Pacto de estado para la vivienda. El Gobierno central deberá liderar un pacto de estado en dicha materia con todos los agentes implicados, con compromisos concretos y con unos plazos "razonables" para conseguir los objetivos.

A su vez, consideramos que sería necesario abordar una reflexión de todos los agentes implicados sobre la actual Ley de Vivienda. En este sentido, "sería muy positivo que, durante la construcción de los mínimos de vivienda necesarias para resolver la emergencia habitacional, los agentes de la edificación se comprometieran a determinadas contenciones de rentas, a cambio de compensaciones fiscales".