La Consejería de Agricultura convocó esta semana las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Castilla-La Mancha, dotadas con 30,32 millones de euros  para 2026 y 12,16 para 2027.

Esta convocatoria pretende incrementar la competitividad de las explotaciones, adaptar el cultivo de la vid al cambio climático en la región y, además, mejorar su sostenibilidad ambiental.

La convocatoria consta en el DOCM del día 25, fecha que tiene su relevancia, pues el plazo para pedir estas ayudas es de un mes, que empezó a contar desde el  mismo día de su publicación.

De acuerdo al texto de la convocatoria, las ayudas serán de 724  euros por hectárea para operaciones de reestructuración, y de 548 euros por hectárea para operaciones de reconversión y transformación.

La operaciones subvencionables incluyen  la replantación con o sin sstema de conducción, la reconversión de viñedos por cambio de variedad, o la transformación de vaso a espaldera.

También se detallan los plazos para su ejecución. Para las operaciones anuales, llegar hasta el 15 de julio de 2026 y, para las bienales, la fecha máxima para su realización es el 15 de julio de 2027.

Tal y como se anunció desde de la Consejería, las ayudas darán prioridad a los jóvenes agricultores y a los operadores ecológicos, ya que para ellos el porcentaje máximo de ayuda será del 65%.

Este porcentaje también será del 65% para quienes reciban asesoramiento técnico. Para el resto de solicitantes que, finalmente, reciban ayuda, este porcentaje máximo será menor, del 60%.

La convocatoria de este año permite la solicitud de anticipos por parte de los beneficiarios, que podrán ser de hasta el 80% del importe aprobado, previa constitución de una garantía del 120%.

Una vez presentadas, las solicitudes se evaluarán según criterios de prioridad. Entre estos criterios, están el de ser joven agricultor, que la titular de la explotación sea una  mujer, o que la ayuda se pida para una explotación considerada como prioritaria.

Podrán pedir las ayudas personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y no tener deudas por reintegro de subvenciones.

Además, el solicitante no podrá haber sido sancionado por prácticas laborales discriminatorias o por incumplimiento de normativas de prevención de riesgos laborales.

Señalar, por último, que esta convocatoria llega en un  momento clave para el sector, entre los cambios en los hábitos de consumo y las distorsiones arancelarias.