El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete acogió ayer una vista para decidir si las medidas cautelares impuestas por Vox a los tres concejales díscolos, que se abstuvieron en la votación de los presupuestos municipales presentados por el PP, vulneran sus derechos fundamentales, una afirmación que su letrado, Juan Marcos Molina, defendió en todo momento.

Molina, como letrado de los concejales díscolos José Ramón Conesa, José Bernabé Cotillas y Leticia Alejandra Martínez, señaló que lo que había que determinar era si se habían vulnerado los derechos de asociación, participación política y libertad de expresión de sus representados y señaló que en este sentido se habían producido defectos de forma y de fondo.

En cuanto a los defectos de forma, manifestó que «no se determinó quién componía el Comité de Garantías, ni quién era el instructor y así no pueden refutar a ningún miembro del comité».

Además aseguró que «no se especifican los deberes estatutarios infringidos». Y añadió que «la resolución sancionadora no explica en qué atenta a los estatutos de Vox el abstenerse en la votación de los presupuestos».

En lo que se refiere a las razones de fondo, explicó que el derecho fundamental a la participación política establece que debe haber lealtad al partido, pero también existe una vinculación con los electores, tanto los que les han votado, como los que no.

También señaló que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, al afirmar que las declaraciones que Conesa hizo a La Tribuna de Albacete el 23 de abril de 2024, no perjudicaban en nada a Vox.

Por todo ello, concluyó que «la actuación de Vox es desproporcionada, porque supone la expulsión del partido hasta el fin de la corporación», puesto que es por un periodo de tres años. Además añadió que «es imprescindible la suspensión cautelar de las medidas sancionadoras».

En este sentido, comentó que sus defendidos de forma forzosa se habían visto obligados a convertirse en concejales no adscritos, a dejar la portavocía del partido, a abandonar las dependencias municipales, a prescindir del personal de confianza y de los recursos económicos que les correspondían como concejales de Vox y que habían perdido su derecho de voto en la Junta General de Socios de Urvial. «Los perjuicios personales que están padeciendo, como consecuencia de la sanción, dan indicios suficientes para la suspensión cautelar interesada».

El demandado. Por su parte, el letrado de Vox, Javier García Morcillo, afirmó que los tres concejales conocían a las personas que formaban el Comité de Garantías y al instructor, no sólo porque se les comunicó, sino porque cuando se aprueban los estatutos se les comunica quienes son.

También señaló que no había desproporción en la actuación de Vox. «Hablan de desproporcionalidad, pero Vox actuó como hace siempre. Ellos conocían las directrices del partido desde que entraron y se salen de la línea marcada. Lo que ha habido aquí es un pulso. Ellos dijeron que sólo respondían ante Dios y España y que iban a hacer lo que consideraran conveniente, a pesar de haber dicho que iban a seguir la disciplina de partido».

Además afirmó que la votación de los presupuestos, que venían prorrogados de los del PSOE, eran la votación más importante del año y que el partido quería que votaran en contra, para tener más peso en las decisiones que se tomaran en el Ayuntamiento. «Se han saltado la disciplina de partido, no se ven afectados los derechos fundamentales de los demandantes. Han desobedecido al partido y por eso se debería desestimar la petición».

El fiscal se mostró de acuerdo con lo dicho por el letrado que representa a Vox. «Conocían las directrices del partido. No hay indicios de vulneración de sus derechos fundamentales». Tras escuchar a las partes, el juez será el que decida que hacer.