El 3 de enero de 2025 se publicó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en su artículo 89 atribuye a las Secciones de Violencia sobre la Mujer nuevas competencias. Se trata de una ley que ha levantado ampollas entre los jueces de violencia, que han firmado un documento en el que se explica que estos órganos están saturados y, de momento, no pueden asumir todas estas competencias, si no se llevan a cabo otras mejoras.

Una de las juezas que suscribe dicho documento es la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Olga Rodríguez Vera.

¿Cuál es el cambio principal que trae consigo la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público a las secciones de Violencia sobre la Mujer?

Los jueces de violencia estamos muy involucrados en la materia que nos es propia, porque es una materia muy especial y delicada y desde que tuvimos conocimiento del borrador de la Ley de Eficiencia, empezamos a darnos cuenta de que esto para los juzgados de violencia iba a ser un colapso. Es desconocer totalmente la situación real que tienen los juzgados de violencia. Es una ley muy amplia, que mejorará muchísimas cuestiones, pero que no ha tenido en cuenta el efecto que va a tener inmediato en los juzgados de violencia.  

La ley dice que los casos de mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o los casos de acoso van a ir a los juzgados de violencia sobre la mujer, aunque no sean realizados por la pareja o expareja, lo que supone muchas más competencias para los jueces.

La justificación que se está haciendo para otorgarnos muchas más competencias es el Convenio de Estambul, que fue ratificado por España en mayo de 2011. El Convenio de Estambul viene a determinar que cualquier delito cometido contra la mujer, por el mero hecho de ser mujer, ha de ser perseguido de forma especial. La Ley de 2004 de Violencia sobre la Mujer española contempla una serie de delitos, que se han ido ampliando con los años, sin embargo, la planta judicial no se ha modificado y desde 2005 se han ido ampliando las competencias para más delitos y ahora dicen que nos van a dar más. Hablamos de víctimas con las que no podemos estar cinco minutos, que necesitan un trato súper personalizado, como es el que les damos. También tenemos niños, por la violencia vicaria. El convenio de Estambul habla de cualquier tipo de violencia psicológica, acoso sexual,  violencia física, violencia sexual,  matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, abortos y esterilizaciones forzosos, complicidad y tentativa. Todo eso está muy bien, pero el Convenio de Estambul no sólo dice que los estados tienen que perseguir  esos delitos, sino que también habla de una serie de obligaciones, entre las que está garantizar una investigación y un procedimiento efectivo, adoptando las medidas necesarias en los procedimientos judiciales para que esto tenga efectos. Habla de obligaciones de los Estados, que dedicarán recursos financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de las políticas integradas y medidas y programas dirigidos a combatir todas las formas de violencia contra la mujer.

Y la nueva ley se va a implantar sin un incremento de plantilla.

No hay nada previsto. Dicen que a partir del 3 de octubre los juzgados de violencia van a asumir todas las competencias de casos de violencia contra la mujer, independientemente de si ha habido relación sentimental o no, simplemente porque la víctima sea una mujer. Ya no damos abasto, porque nosotros estamos tomando declaraciones y tenemos también los procedimientos civiles y por eso hemos hecho este comunicado en el que nos dirigimos ya al ciudadano, que es el que tiene que saber lo que está pasando.

Este documento lo firmamos 136 jueces, de esos 136 jueces son exclusivos de violencia de género 117. Hemos firmado el 97% de los jueces que tenemos competencia exclusiva, el porcentaje que falta hasta el 100%, es porque únicamente lo hemos firmado los jueces que somos titulares de la plaza, el otro tres por ciento, que quería firmar también, lo dejamos porque son interinos, no son titulares. Hemos firmado todos los titulares. Además hay cerca de 400 juzgados que son mixtos, que tienen la competencia de violencia, más competencia civil y además los procedimientos penales normales. Los procedimientos de violencia están calificados siempre como preferentes y urgentes y si todo lo que tienes es preferente y urgente, nada ya lo es.

Desde el Ministerio prevén que con esta nueva ley va a aumentar su trabajo un 20%.

Cuando el Ministerio dice que esto supone un aumento de la carga del trabajo del 20%, no digo que estén mintiendo, pero no es la cifra real. Nosotros hemos hecho cálculos y creemos que la nueva Ley de Eficiencia va a suponer que nuestra carga de trabajo aumente sobre un 30 o un 33 por ciento, porque hemos visto los datos de los juzgados de instrucción. Con la misma plantilla y los mismos jueces vamos a tener en torno a un 35% más de trabajo.

El CGPJ controla el rendimiento de los juzgados a través de la estadística judicial de los LAJ, establece que el rendimiento mínimo (los asuntos que se resuelven en función de los asuntos que entran), tiene que ser al menos del 80% y los juzgados de violencia sobrepasamos todos el 180%, porque estamos tan implicados con las personas con las que tratamos, que las resoluciones que hacemos, las llevamos a cabo fuera de nuestro horario laboral, renunciando a nuestra vida personal. Trabajamos mañana, tarde y noche.

Por lo que veo están convencidos de que la nueva ley va a suponer un colapso de los juzgados de violencia.

La nueva ley va a suponer el colapso de los juzgados de violencia, los funcionarios van a huir. En España sólo 11 partidos judiciales cuentan con más de un juzgado de violencia, con lo que pueden establecer juzgados de guardia y dedicar esos días sólo a la guardia. Sin embargo, el resto de juzgados de violencia no sólo tenemos eso, tenemos el resto de los procedimientos, familia, casos de trata que tienen una complejidad y no puedes dejar a una víctima de violencia. No podemos priorizar cuando todo es prioritario. Estamos de guardia permanente, el juzgado de guardia se ocupa sólo del detenido y de si hay que dictar una orden de protección y el lunes nos llega todo lo demás. Con más jueces y más juzgados el problema se solventaba, pero para el 3 de octubre no se van a poder crear  las plazas necesarias.

Se ha hablado de convertir las Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer, medida que tampoco creen que llegue a tiempo.

No va a llegar a tiempo. Hemos pedido reunirnos y hemos recibido la callada por respuesta. Hemos pedido una reunión para pedir que se posponga la entrada en vigor de esta parte de la ley hasta que esté más o menos organizado. No pueden entrar vigor las modificaciones, hasta que estén en marcha los Tribunales de Instancia, esta ley es la de los Tribunales de Instancia no podemos empezar nosotros antes, es un despropósito. La atención que damos a las víctimas se va a ver muy afectada, no vamos a poder porque estamos sobresaturados.

¿Creen que esta ley va a suponer un paso atrás en la lucha contra la violencia de género?

Totalmente, esta ley va a suponer un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, porque va a ser una sobresaturación.

¿Es imprescindible más plantilla para poner en marcha esta ley?

Debe haber un aumento de plantilla, tanto de funcionarios, como de jueces. Estamos cansados de que se diga que todo se hace por el bien de las víctimas, sin hablar con las personas que están trabajando a pie de calle. Si van a implementar el Convenio de Estambul, lo tienen que implementar totalmente, asumiendo las obligaciones de dotar a los juzgados de medios suficientes.