La reciente auditoría sobre la gestión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el contexto de la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 ha desatado una tormenta política dentro del PSOE. Ábalos calificó la investigación, impulsada por su sucesor Óscar Puente, como «una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político». La polémica no sólo plantea interrogantes sobre la transparencia y el manejo de fondos públicos en tiempos de crisis, sino que también pone en evidencia las tensiones internas y las luchas de poder que existen dentro del partido en el gobierno.

Ábalos se muestra profundamente desconcertado e indignado por lo que percibe como un ataque sin precedentes dentro de un mismo partido. En sus declaraciones, expresa que no se le ha brindado la oportunidad de defenderse, una violación flagrante de su derecho a la defensa, algo que debería ser fundamental en cualquier procedimiento de este tipo. Esta situación es aún más grave cuando se considera que la auditoría proviene de un Gobierno liderado por su propio partido, lo que genera una atmósfera de sospecha y traición.

La rapidez con la que se modificó el contrato de mascarillas, aumentando la cantidad de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos, ha sido uno de los puntos clave de la investigación. Aunque Ábalos argumenta que actuó conforme a las necesidades urgentes del momento, sus detractores podrían ver en este acto un manejo precipitado e imprudente de recursos públicos. Sin embargo, la pregunta que subyace es si realmente estas decisiones responden a la premura de la situación o si hay otros factores en juego, como la posible existencia de intereses ocultos o errores administrativos que ahora se buscan encubrir.

El hecho de que el subsecretario Jesús Gómez y el jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, hayan sido cesados tras la auditoría añade una capa adicional de complejidad. ¿Son estos despidos un intento de cortar por lo sano y minimizar el daño al Gobierno, o son un reconocimiento implícito de que hubo una mala gestión que requiere una corrección inmediata?

Ábalos insinúa que detrás de esta investigación podría haber una maniobra política para desviar la atención y cargarle la responsabilidad de decisiones que no fueron exclusivamente suyas. La falta de precedentes en un caso como este, donde un gobierno actúa contra uno de sus propios exministros, abre un nuevo capítulo en la historia política reciente de España, uno que podría tener repercusiones duraderas para la cohesión interna del PSOE.