La vivienda fue, por partida doble, la protagonista del Consejo de Gobierno de ayer jueves. Junto con las medidas para flexibilizar los alquileres sociales arriba indicadas, la Consejería de Fomento presentó una propuesta más para dar salida al stock de VPO que tiene en su haber la Junta de Comunidades, valorado en 800 inmuebles con algún tipo de protección.

Alquileres con opción a compra.

En este sentido, Marta García de la Calzada avanzó que la mitad de este ‘excedente’ inmobiliario pasará a ofertase como alquileres con opción a compra. Un «estímulo importante», teniendo en cuenta que los alquileres de estos inmuebles no superan en la mayoría de los casos los 200 euros mensuales.

Las 400 VPO restantes sin vender, a día de hoy a cargo de la empresa pública Gicaman, sufrirán una reducción de su precio de un 27 por ciento de media. El porcentaje exacto de esta rebaja dependerá de cada promoción, siguiendo razones objetivas tales como la población en la que se ubican o su fecha de construcción.

Con esta medida, además de facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, se quiere salvar una dolencia cuasiendémica de las promociones públicas en la comunidad, que en muchas ocasiones tienen un precio de mercado superior al de la vivienda libre. Como ejemplo de esto, la titular de Fomento recordó que en lo que va de año la vivienda libre ha bajado su precio un 10,3 por ciento, mientras que la pública lo ha incrementado en un 0,5.