La Mesa del Senado ha admitido a trámite este martes la proposición de ley de amnistía y ha decidido llevarla por el procedimiento ordinario, con el 16 de mayo como fecha límite para que retorne al Congreso.

Fuentes socialistas han asegurado que los miembros del PSOE no han participado de la votación porque creen que podrían incurrir en prevaricación al no ser necesaria según el Reglamento y al haberse adjuntado al acuerdo sometido a votación el informe de los letrados del Senado sobre la inconstitucionalidad de la amnistía.

Sin embargo, otras fuentes presentes en la Mesa han manifestado por su parte que los senadores del PSOE sí han votado, y que lo han hecho en contra.

Tal y como los letrados de la Secretaría General del Senado propusieron a la Mesa la víspera, el acuerdo que ha sido llevado a votación por el presidente, Pedro Rollán, incluía dos informes jurídicos: uno para reafirmar la obligación constitucional de tramitar la norma (para cubrirse ante la demanda de Vox de inadmitir) y otro sobre la inconstitucionalidad y los defectos de la tramitación previa en el Congreso.

El portavoz del PSOE, de forma previa a la reunión de la Mesa, ha señalado en rueda de prensa que, dado que los propios letrados reconocen que la admisión es "automática" según el artículo 90.2 de la Constitución y el 104 del Reglamento, no era necesaria la votación, y si lo fuera tendría que serlo únicamente sobre esa admisión a trámite.

"Vamos a aceptar cualquier opinión en derecho, nos merecen todo el respeto, pero deben de estar donde deben de estar, incorporadas a un expediente", ha explicado, al entender que el PP trata de "meter con calzador" sus argumentos a un acuerdo de la Mesa, algo sin precedentes.

En cambio, las fuentes parlamentarias han indicado que hay muchos precedentes de votaciones para admitir a trámite iniciativas y que es lógico que el acuerdo que se lleve a votación incorpore argumentaciones jurídicas.

Es más, han señalado que quienes podrían haber incurrido en una posible prevaricación son los senadores socialistas por votar en contra de ese acuerdo que automáticamente tenía que admitir a trámite la Mesa para cumplir el precepto constitucional, en el caso de que, en ausencia de senadores del PP, por ejemplo, hubiese ganado la votación su negativa.

En vez de votar en contra, han apuntado, tendrían que haber dado un sí crítico, como se conoce a votar sí a lo principal, aunque haciendo constar en acta que no están de acuerdo con que se adjunten informes jurídicos u otra circunstancia; además de apuntar que en el Congreso sí se adjuntaron para la votación en su Mesa.

El conflicto constitucional

El informe de la secretaria general, Sara Sieira, incluía la posibilidad de que el Senado plantee un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por defectos de forma en su tramitación de la proposición de ley, lo que tendría que presentarlo un grupo parlamentario a la Mesa, algo que, según fuentes parlamentarias, no se ha tratado en esta reunión.

Si lo presenta el PP, o Vox a través del Grupo Mixto, se trataría en la siguiente reunión de la Mesa -la próxima ordinaria está prevista dentro de catorce días-, que tendría que elevarlo al Pleno para su votación y que regrese a la Mesa para su traslado al Congreso.

Las fuentes parlamentarias han indicado que en ningún caso interrumpiría el plazo máximo de dos meses para tramitar la ley en el Senado, que acaba el 16 de mayo.

Esa es la fecha tope al haber decidido la Mesa que se haga por procedimiento ordinario, aunque en el Congreso tuviera rango de urgente, facultad que tiene desde un reciente cambio reglamentario aprobado por la mayoría del PP y recurrido ante el TC por el PSOE.

El grupo de Izquierdas por la Independencia (ERC y EH Bildu) ha presentado a la Mesa un escrito de reconsideración por esa decisión de que se tramite por procedimiento ordinario.

Comisión conjunta

La Mesa ha aprobado que la tramitación la haga una comisión conjunta entre senadores de las comisiones Constitucional y de Justicia, tal y como recomendó también la Secretaría General en los informes que trasladó este lunes.

En esa comisión, de 32 senadores, el PP tendrá 17 senadores, el PSOE 9, el grupo formado por ERC y Bildu 2 y los otros cuatro grupos, uno cada uno.

Es la primera proposición de ley procedente del Congreso que se tramita en el Senado en esta legislatura.